El mundo está en continuo cambio de factores socio-políticos y económicos, e incluso de valores éticos y sociales. Estos cambios están siendo propiciados, en parte, por una sucesión en cadena de acontecimientos con el efecto de una gran bola de nieve, y causados por una gran crisis generalizada y sin precedentes a nivel internacional. Uno de estos efectos, ha sido el que ha impactado directamente sobre la línea de flotación del denominado “estado del bienestar”.

En sociedades desarrolladas como la nuestra, integradas en un modelo social y político global y bajo un marco común económico, como lo es la Unión Europea, este modelo de atención es en el que se sustentaban la gran mayoría de los programas y servicios sociales de atención a las personas en situación de necesidad, y más concretamente, el que ofrece una seguridad en la atención integral de la personas mayores, sobre todo en situaciones de discapacidad y de necesidad de cuidados constantes. La investigación gerontológica en este campo desde hace algunas décadas ha venido recomendado buscar la posibilidad de mantener a las personas mayores que precisen de algún tipo de prestación socio-sanitaria, siempre que fuera posible y cubriendo todas sus necesidades básicas y con una adecuada calidad de vida, en su hogar. La justificación era y es evidente, como en su hogar y rodeados de los suyos, en ningún sitio. La posibilidad de acceder a una residencia, se cotejaba siempre como un último recurso y siempre que no existieran otras opciones de atención  y asistencia adecuadas y orientadas a su ambiente más próximo.

Hoy por hoy este modelo en España está también en proceso de cambio, los datos son significativos y alarmantes; la Unión Europea advierte que, aunque el aumento constante de la esperanza de vida es uno de los logros más importantes de las sociedades modernas, esta tendencia propiciará una significativa presión adicional sobre la economía, la sociedad y la viabilidad de la hacienda pública.

La previsión es que, de mantenerse las políticas actuales, el gasto público derivado del envejecimiento de la población iría en aumento en la UE de aquí al año 2060, en una media de, aproximadamente, 4,75 puntos porcentuales del PIB, especialmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. Ese aumento va a ser más acentuado en el sector asistencial debido a la disminución y a la insuficiente cualificación de la mano de obra (Comisión Europea, 2011).

La OCDE (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ofrece el siguiente panorama para España (OCDE, 2011):

– El porcentaje de la población de más de 80 años (el 5% en España en 2010), se proyecta que será más del doble en 2050, colocando a España entre los países con mayor número de adultos mayores de la OCDE. La población en edad laboral, como porcentaje del total de la población española, será la quinta menor de la OCDE.

– El gasto público en cuidados de larga duración en España, como porcentaje del PIB, se triplicará e incluso podría crecer hasta 6 veces el gasto actual en 2050.

– España tiene uno de los porcentajes más altos de proveedores de cuidado informal para personas mayores o con discapacidad de la OCDE. La mitad de estos cuidadores proporciona más de 20 horas de atención a la semana, la segunda cifra más alta después de Corea.

– España podría mejorar las medidas para apoyar a cuidadores a conciliar las obligaciones de cuidado con el trabajo. Un cuidado de alta intensidad reduce el empleo y las horas de trabajo en Europa del Sur más que en otras partes de Europa. Los permisos laborales para el cuidado de personas dependiente son menos frecuentes en España que en otros países europeos, excepto en Austria.

– La ley de dependencia de 2006 mejoró el acceso a la atención así como el apoyo a los cuidadores familiares, sin embargo, el coste actual superó las previsiones iniciales. En vista del estrecho entorno fiscal que enfrenta España, será importante otorgar beneficios a aquellos con las necesidades de atención más severas y continuar utilizando medidas focalizadas para determinar el monto de los apoyos otorgados a los dependientes elegibles.

Otros hechos clave que apunta este estudio de la OCDE, son los siguientes:

– Cerca de 17.2% de la población española es mayor de 65 años (OCDE promedio de 15%) y 4.9% es mayor de 80 años (promedio de la OCDE es de 4%).

– España destinó 0.6% del PIB a cuidados de larga duración en 2008, esto es la mitad del promedio en gasto público en cuidados de larga duración de la OCDE (promedio de la OCDE es de 1.2% del PIB).

– El gasto total (público y privado) en cuidados de larga duración se estiman en alrededor del 0.5% del PIB en atención institucional y 0.3% en los servicios de atención recibidos en casa.

– En 2009, el 0.3% de la población mayor de 65 años recibió atención de larga duración en entornos institucionales y en instalaciones médicas, mientras que el 1.2% de este grupo de la población recibió atención en casa.

– España reportó un 4.2% de trabajadores formales de cuidados de larga duración para personas de 65 años y más en 2009.

– Los datos más recientes disponibles en cuánto a camas en residencias de cuidado de larga duración es de 21.3 por 1000 habitantes mayores de 65 años y más para 2006 (Datos de Salud de la OCDE, 2010).

Todos estos aspectos apuntan a la necesidad de buscar un nuevo modelo de atención, como plantea Pilar Rodríguez (Rodríguez, 2011):

“La necesidad de extender y mejorar los servicios de atención viene abonada, además de por los cambios sociales derivados del crecimiento de la esperanza de vida, por los que apuntan hacia un claro debilitamiento y reducción de la red informal de apoyo. Según todas las prospecciones solventes, hay que considerar también tendencias como la independencia en los modos de vida de las personas mayores, el aumento progresivo del número de personas que viven solas, la disminución del número de hijos/as y el incremento consiguiente de personas sin descendencia, el alejamiento de parte de las nuevas generaciones de sus lugares de origen por la inestabilidad de los puestos de trabajo y el efecto de la globalización, etc. Todos estos fenómenos explican la perentoriedad de ofrecer servicios profesionales que ayuden a las personas mayores que se encuentren en situación de fragilidad o dependencia”.

Este nuevo modelo de atención está por construir, pongámonos en marcha cuanto antes para desarrollarlo, pues el futuro de la atención  a las personas mayores en España, y a nivel internacional,  nos apremia.

Bibliografía:

OCDE (2011) España cuidados de larga duración. ¿Busca ayuda? Proporcionar y pagar cuidados de larga duración. Link digital: http://www.oecd.org/health/health-systems/47902750.pdf

Rodríguez, P. (2011) Hacia un nuevo modelo de alojamientos. Las residencias en las que querremos vivir. Actas de dependencia, 3-pag.40. Link digital: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rodriguez-nuevomodelo-01.pdf

Otros Links de interés sobre el tema:

http://www.asister.es/web/items/15/252/jubilo-es-05-05-2011.

María Giovanna Caprara

Doctora en Psicología. Profesora de Evaluación Psicológica, Psicodiagnóstico y Psicogerontología en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.

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