La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha recomendado a España que no desestime un nuevo recorte del sueldo de los empleados públicos para asegurar, dice, que los objetivos del proceso de consolidación fiscal en el que está inmerso nuestro país sean alcanzados.
Es obvio que, dado que son las mayores oferentes de puestos de trabajo en sus versiones local, autonómica o estatal, las diferentes administraciones públicas españolas, de forma lógica, jueguen un muy importante papel como emisoras de señales en cuanto a las tendencias salariales que afectan a una gran parte de los sectores de la economía.
En parte para que el sector privado pueda seguir un camino de moderación o recorte salarial, camino que el sector público recorre por Real Decreto, se ha aprobado una reforma laboral que rebaja la cuantía de la indemnización por despido y que permite modificar remuneraciones a la baja antes de acudir a los despidos.
En resumen, en el escenario actual, los funcionarios podrán sufrir más recortes en sus salarios para que España solucione uno de sus problemas a corto plazo, el déficit, y los trabajadores del sector privado verán mermadas sus indemnizaciones y remuneraciones para hacer posible el sueño económico español a largo plazo, la reducción de la tasa de desempleo a niveles que no sean el doble de la de los países de nuestro entorno. Esto último, necesita algo más que una ley regulatoria del mercado laboral, obviamente.
Sin embargo, la portavoz de empleo del Partido Popular, Carmen Álvarez, declaró hace un par de días que no existía vinculación entre la reforma laboral y una rebaja de salarios. Es decir, que una vez que se aprueba una ley que, haciendo caso a la teoría económica más ortodoxa, establece caminos legales que permitan una mayor actividad económica a partir de moderaciones o bajadas salariales, la opinión política de nuevo muestra su cara electoral y niega ante la prensa lo aprobado en sede parlamentaria, especialmente si esto último es impopular.
Siendo una anécdota, esta esquizofrenia nos sirve para constatar estos días cómo este papel político dentro de la economía se muestra como una especie de virus especialmente corruptor. Al menos, distorsionador. El papel político en el asunto de las cajas o el papel político en el asunto de la crisis del euro son dos ejemplos ajenos al ámbito de la economía laboral, pero también válidos. Dicho papel cortoplacista, por cierto, tampoco sabe de ideologías. Se practica en todo el arco político.
Identificar áreas, sectores, estructuras productivas que deben estar al margen del vaivén de los cuatro años de vigencia de los políticos, tales como energía, sistema educativo o mercado laboral también es una reforma pendiente en nuestras modernas democracias. En el caso de la reforma laboral, será imposible analizar sus repercusiones y establecer líneas de mejora o de total rectificación si no se está convencido de que se necesitan años para realizar juicios sobre su funcionamiento. Para dar tiempo al tiempo, el político, especialmente el electoralista, debe ser consciente de que los periodos entre elecciones no tienen una duración suficiente para la maduración (o desestimación) de una gran parte de las estructuras socio-económicas que deben cimentar el futuro de un país.
