Archivos de Autor: ricardo.plaza

Reforma laboral y descenso de población

Algunos de los últimos informes publicados desde diferentes organismos como el Banco de España o el BBVA, así como desde el Ministerio de Empleo, parecen indicar que los resultados de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo eran los que cabía esperar desde el punto de vista de la teoría económica.

En este sentido, y si se confirman las tendencias aparecidas en los últimos trimestres, la reforma habrá cumplido con su objetivo inicial: ayudar a la recuperación del empleo, el problema económico (y no económico) más importante de España. Un análisis a más largo plazo (a la espera de una segunda reforma laboral, como piden en los últimos días algunas voces) confirmará el cambio estructural del mercado de trabajo. La mayor flexibilidad (flexiseguridad como diría alguien del gobierno, o precariedad, como diría alguien de la oposición) debería permitir crear empleo con crecimientos económicos a partir del 0,5%, algo inusitado en nuestra economía. Se verá.

En el lado crítico, no solamente se discuten los “logros” de la reforma, sino que sobre todo se denuncia la pérdida de derechos laborales, aunque las consecuencias no únicamente afecten al derecho y al ámbito social del trabajador, sino que también lo hagan en la economía en forma de una menor demanda interna por el descenso de los salarios.

En cuanto a la incidencia neta de la reforma sobre el empleo, alguno de los informes citados en el primer párrafo descuentan en su análisis el peso de la incipiente recuperación económica sobre los datos. Estos días ha aparecido en los medios una noticia muy relevante a este respecto. El número de emigrantes fue en el primer trimestre del año de 260.000, un 10% mayor que en el periodo anterior. Además, los inmigrantes no llegaron a 120.000. La población descendió en más de 100.000 personas, en gran parte debido a esta salida neta creciente. Obviamente, este descenso de población, y de población activa por tanto, también ayuda a maquillar las cifras de desempleo y, por tanto, perturba los resultados de los análisis sobre la reforma laboral.

Política y economía laboral

La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha recomendado a España que no desestime un nuevo recorte del sueldo de los empleados públicos para asegurar, dice, que los objetivos del proceso de consolidación fiscal en el que está inmerso nuestro país sean alcanzados.

Es obvio que, dado que son las mayores oferentes de puestos de trabajo en sus versiones local, autonómica o estatal, las diferentes administraciones públicas españolas, de forma lógica, jueguen un muy importante papel como emisoras de señales en cuanto a las tendencias salariales que afectan a una gran parte de los sectores de la economía.

En parte para que el sector privado pueda seguir un camino de moderación o recorte salarial, camino que el sector público recorre por Real Decreto, se ha aprobado una reforma laboral que rebaja la cuantía de la indemnización por despido y que permite modificar remuneraciones a la baja antes de acudir a los despidos.

En resumen, en el escenario actual, los funcionarios podrán sufrir más recortes en sus salarios para que España solucione uno de sus problemas a corto plazo, el déficit, y los trabajadores del sector privado verán mermadas sus indemnizaciones y remuneraciones para hacer posible el sueño económico español a largo plazo, la reducción de la tasa de desempleo a niveles que no sean el doble de la de los países de nuestro entorno. Esto último, necesita algo más que una ley regulatoria del mercado laboral, obviamente.

Sin embargo, la portavoz de empleo del Partido Popular, Carmen Álvarez, declaró hace un par de días que no existía vinculación entre la reforma laboral y una rebaja de salarios. Es decir, que una vez que se aprueba una ley que, haciendo caso a la teoría económica más ortodoxa, establece caminos legales que permitan una mayor actividad económica a partir de moderaciones o bajadas salariales, la opinión política de nuevo muestra su cara electoral y niega ante la prensa lo aprobado en sede parlamentaria, especialmente si esto último es impopular.

Siendo una anécdota, esta esquizofrenia nos sirve para constatar estos días cómo este papel político dentro de la economía se muestra como una especie de virus especialmente corruptor. Al menos, distorsionador. El papel político en el asunto de las cajas o el papel político en el asunto de la crisis del euro son dos ejemplos ajenos al ámbito de la economía laboral, pero también válidos. Dicho papel cortoplacista, por cierto, tampoco sabe de ideologías. Se practica en todo el arco político.

Identificar áreas, sectores, estructuras productivas que deben estar al margen del vaivén de los cuatro años de vigencia de los políticos, tales como energía, sistema educativo o mercado laboral también es una reforma pendiente en nuestras modernas democracias. En el caso de la reforma laboral, será imposible analizar sus repercusiones y establecer líneas de mejora o de total rectificación si no se está convencido de que se necesitan años para realizar juicios sobre su funcionamiento. Para dar tiempo al tiempo, el político, especialmente el electoralista, debe ser consciente de que los periodos entre elecciones no tienen una duración suficiente para la maduración (o desestimación) de una gran parte de las estructuras socio-económicas que deben cimentar el futuro de un país.

¿Reforma para facilitar el despido o para incentivar la contratación?

En el ámbito de las ciencias del trabajo, estos días no se puede hablar de otra cosa más que de la aprobación de la anunciada reforma laboral por parte del Gobierno. Incentivación a la contratación, abaratamiento de los costes laborales, flexibilidad, pérdida de poder sindical y empleabilidad son algunas de las palabras claves en los primeros comentarios al respecto.

Las deducciones fiscales y bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para las empresas, formarían la parte de la reforma dedicada a la incentivación, con un tratamiento especial en favor de la contratación de jóvenes, jóvenes parados y parados de larga duración mayores de 45 años, con complementos adicionales en algunos casos si el empleado es mujer. Además, los nuevos contratados podrían seguir recibiendo el 25% de la prestación por desempleo junto al nuevo sueldo.

La disminución de los costes laborales asociados a los despidos, con las visiones contrapuestas de los que la ven como una invitación al despido barato y, por tanto, no únicamente como una pérdida de derechos laborales sino, además, como una razón para que el desempleo aumente, frente a los que la ven como una motivación a la contratación, sin la rémora de un coste laboral inasumible y, por tanto, como un cimiento para construir un mercado de trabajo más dinámico, es sin duda, una de las cuestiones centrales de la reforma.

Así, el despido improcedente pasa a tener una indemnización de 33 días por año (12 días menos que con la anterior ley) y un máximo de 24 meses, frente a los 42 anteriores. El procedente, que lo será, como novedad en el nuevo ordenamiento, entre otras razones si la empresa presenta una caída de ingresos en tres trimestres, se asocia a una indemnización de 20 días por año, en uno de los puntos más protestados por las voces críticas.

La flexibilidad se introduce por medio de la capacidad que tendrán las empresas de modificar la remuneración o la jornada de trabajo debido a causas justificadas, con notificación previa a los trabajadores afectados que se podrán acoger entonces a la indemnización de 20 días, y por los menores trámites administrativos para los expedientes de regulación de empleo, lo que implica una menor capacidad de los sindicatos para negociar indemnizaciones.

Precisamente son los sindicatos uno de los grandes perjudicados por la reforma. No sólo se establece la prioridad de los convenios de empresa sobre los estatales, provinciales o sectoriales, sino que se limita a dos años la prolongación de la vigencia de los acuerdos de convenios pasados (ultraactividad) que, tradicionalmente, favorecía sus posiciones.

La mejora de la empleabilidad se estructura a través de la potenciación de la formación continua, con 20 horas anuales a cargo de la empresa y un fondo de formación a la alemana propio de cada trabajador. Esta medida se puede completar con la mayor facilidad dada a la movilidad entre funciones, que puede darse al modificarse el actual sistema de categorías profesionales.

Incluso el Gobierno se ha acordado de sus problemas presupuestarios y ha introducido algunas medidas anti-déficit como el hecho de que las grandes empresas de más de 500 empleados y con beneficios, deban hacer una aportación al Tesoro Público en despidos colectivos que incluyan a mayores de 50 años, o que los directivos de empresas públicas vean reducidas sus indemnizaciones cuando dejan sus responsabilidades de dirección.

La tendencia a la privatización de los servicios de búsqueda de empleo, ante las débiles cifras de colocación, únicamente el 3% de los parados, que consiguen los servicios públicos, la lucha contra el fraude en la prestación de desempleo y el absentismo o el anuncio de una inmediata regulación del teletrabajo, que esperemos que sea muy beneficiosa para nuestra universidad, son algunos de los otros asuntos que recogerá la letra pequeña de la ley.

Obviamente, el tiempo determinará el éxito o fracaso de la reforma una vez pasen las primeras reacciones, incluyendo abusos, protestas, manifestaciones y huelgas de mayor o menor calado. Esperemos que sea lo primero, el éxito, y que las líneas positivas que, en opinión de muchos analistas, se incorporan a nuestro mercado de trabajo con la reforma, tengan más fuerza que los riesgos de los que avisan otros tantos. Con un 22% de tasa de desempleo, que es casi un 50% entre nuestros jóvenes, sin duda, que la reforma alcance sus objetivos, es lo más deseable para todos.