Atlas Concursal 2021: agilizar la salida de insolvencia de autónomos y micropymes
El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Forenses (REFOR), presentó este martes el estudio Atlas Concursal 2021. El documento recoge los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país. Al calor de sus resultados, los economistas ven necesario «potenciar mecanismos que agilicen la salida de la insolvencia para autónomos y microempresas». No en vano, son las que ostentan «el mayor peso concursal» en nuestro país, advierten.
El documento, elaborado por este órgano especializado en materia de insolvencias, analiza su evolución en España en los últimos años, y hace una comparativa por comunidades autónomas y con otros países. Los primeros datos no son buenos: se estima que España sea el primer país del mundo en materia de insolvencias para 2021, con un 24% más frente a 2019. Para 2022 estaríamos entre los diez primeros (con un aumento del 26%).
El acto ha contado con la participación del presidente del CGE, Valentín Pich, el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, el profesor de Economía y analista macro-financiero, Javier Santacruz, y el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco. Juntos han abordado también posibles ineficiencias y propuestas de mejora del Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal. Todo ello haciendo hincapié en la especial coyuntura que atravesamos por la pandemia, el incremento de la inflación y los problemas de autoabastecimiento energético.
Atlas Concursal: dinámica «decepcionante»
Pich ha subrayado la importancia de este insólito contexto en el que estamos. Es innegable que la Covid-19 condicionará los datos concursales de 2020, 2021 y 2022, así como lo harán las medidas excepcionales aplicadas para rebajar sus efectos económicos. No obstante, se esperaba que al levantar las restricciones podríamos volver a niveles prepandemia, salvando «miles de empresas y empleos ‘congelados’ durante varios trimestres».
Sin embargo, señalan, esta dinámica está resultando «decepcionante» en economías como la española. Todavía estamos un 5% por debajo del nivel de marzo de 2020. Según el presidente del CGE, los ERTE, los avales ICO y algunas medidas fiscales «han roto la correlación histórica entre ciclo económico y concursos de acreedores». Para que las empresas sigan funcionando con normalidad se requiere un crecimiento «robusto» de la economía cuando se retiren dichas medidas extraordinarias, ha valorado Pich.
En 2020, el Atlas Concursal indica cómo las principales economías de Europa muestran un descenso generalizado de insolvencias respecto a 2019: Alemania (-9%), Francia (-36%), Reino Unido (-28%), Italia (-33%) y Portugal (-12%). Aunque, al igual que en España (-3,3%), estas bajadas pueden deberse a moratorias concursales y ayudas concedidas para paliar los efectos económicos de la Covid.
Durante el año pasado los concursos de personas físicas han crecido un 35% respecto de 2019 (de 2.983 a 4.032). En cinco años –de 2015 a 2020– se han multiplicado por seis los concursos de personas físicas en nuestro país (de 649 a 4.032). En 2020 representaban ya el 47% del total de concursos de acreedores. Además, el mayor incremento en este periodo en España se produce en los concursos de autónomos (1.446 en 2021). Esto es más del triple que en 2020 (con 398) y más de cuatro veces que los contabilizados en 2019 (326).
DAFO de la Reforma Concursal
Respecto a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal, los expertos repasaron el texto legislativo para definir los avances respecto a la legislación anterior y las deficiencias que se mantienen. En el análisis DAFO planteado, Robles valoró positivamente el adelanto en la detección de la probable insolvencia o el fomento de las reestructuraciones. También destacó el mayor peso del contenido económico en la gestión de las insolvencias o que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil.
No obstante, para el docente todavía hay aspectos en la norma «que habría que mejorar». Por ejemplo, el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas. Algo importante cuando este tipo de empresas han representado el 53% de los concursos españoles en 2020. Critica también el «paso atrás» en los mecanismos de segunda oportunidad; la «desregulación» de los profesionales de la insolvencia; o la falta de un testeo eficaz que «garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico».
Por otro lado, el estudio analiza la evolución de los acuerdos de refinanciación. Según recoge el Atlas Concursal, los acuerdos no homologados han descendido un 16,53% en 2020 respecto a 2019. En frente estarían los acuerdos homologados, que crecieron un 14,06 % el año pasado. Las correcciones incluidas en el TRLC y la gran apuesta del anteproyecto de ley por la reestructuración (antes acuerdos de refinanciación) la sitúan como una herramienta fundamental alternativa al concurso de acreedores.
