En el tercer apartado se afirma que «La tecnología debe ser un elemento transversal en los sistemas educativos, desde la más tierna infancia, y lo más urgente en ellos es formar a los formadores. Hay que obligar a la utilización de las nuevas tecnologías por los docentes; no se trata solamente de usar las herramientas tecnológicas, sino sus posibilidades de transformar el modo de interactuar». La Comisión cree también que «Es responsabilidad de los poderes públicos, proteger los derechos de los usuarios, imponiendo límites y obligaciones a las empresas prestadoras de estos servicios, para que pongan a disposición de los usuarios las herramientas necesarias que les ofrezcan una posibilidad real y efectiva de graduar la privacidad, de filtrar la información accesible si lo desean (v. g. pornografía), de limitar el acceso a la que introducen (v. g. si el perfil del usuario debe estar accesible a los amigos; si debe estarlo también a los amigos de los amigos), de retirar la información introducida o cambiarla de sitio. La opción por defecto debe ser siempre la que más protege la privacidad del usuario, no, como hasta ahora, la que más beneficia al negocio.»