La semana pasada tuvo lugar una reunión extraordinaria del Congreso Europeo con los problemas de la inmigración ilegal en Europa como único objeto de debate. La declaración final (http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/) no plantea una nueva política europea sobre inmigración, pero sí supone avances con respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. En conjunto la declaración propone adoptar medidas de tres tipos: de control en frontera, de lucha contra las redes organizadas de trafico ilegal, y de cooperación económica y política con los países africanos.

Resulta destacable, de entre las medidas que establece la declaración, las de cooperación en frontera. El Consejo Europeo pretende, -y pide que parte de los esfuerzos se centren en ello-, mejorar la situación de las personas que llegan ilegalmente a las fronteras. En este sentido, impulsa la aplicación del sistema europeo común de asilo (SECA) y plantea la aprobación de ayuda de emergencia para los Estados miembros de primera línea, que se ven desbordados ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales, sobre todo en la época estival.

Desde la perspectiva de España, hay que acoger con alegría y con cautela la declaración. Ninguna de las medidas que se proponen nos resultan novedosas. Con la aprobación del primer Plan África en 2006, en nuestro país se vienen haciendo esfuerzos por mejorar la situación de la inmigración en la frontera sur, de la mano de la promoción política y económica de los países africanos. En lo que respecta a la cuestión de la inmigración ilegal, la actuación española de contención en frontera tiene el lamentable honor de colgarse la medalla de que muchos de los avances se hayan logrado saltando por encima de la legalidad. Las llamadas “expulsiones en caliente” o “rechazos en frontera”, práctica habitual de devolución de los inmigrantes ilegales que entran por las vallas de Ceuta y Melilla, suponen una violación del derecho nacional, del comunitario y del internacional a distintos niveles. La propia comisaria europea de asuntos de interior, Cecilia Malmstrom, ha denunciado esta práctica española que no se termina de erradicar.

Para los que deseamos que se elimine esta forma de actuar que pisotea los derechos de las personas, resulta plausible que algunas de las medidas que se proponían en distintos foros (medios de comunicación: http://m.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/nuevo-expulsiones-caliente-Melilla_0_314269028.html, informes académicos: http://eprints.ucm.es/29379/) se encuentren en la declaración del Consejo Europeo. En este sentido, el potenciar la aplicación del sistema europeo común de asilo (SECA) se recibe con alegría. Con alegría, pero al mismo tiempo con cautela, puesto que Consejo Europeo deja a la voluntad de los Estados aún gran parte del avance en este sentido. Por eso, hay que esperar, del lado de la UE, a ver qué posición adopta la Comisión sobre este particular en mayo, y conocer el presupuesto que se va a destinar, para que pueda ser una realidad la implantación efectiva del SECA; y del lado de nuestro país, conocer la posición del Gobierno español en apoyo a estas medidas, dado que por el momento las únicas declaraciones que se han efectuado se centran en los compromisos de aumento de las medidas de vigilancia.