Uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar tal y como está estructurado en España es un sistema público de pensiones que garantice un nivel de vida digno a los trabajadores al término de su vida laboral. Es tan importante que tiene una comisión parlamentaria propia, creada en 1995, y en la que participan todos los partidos del arco parlamentario. Es el denominado Pacto de Toledo, cuyo fin es analizar «los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que habrán de acometerse». Pues bien, 21 años después, es posible que se hayan estudiado esos «problemas estructurales», pero desde luego no hemos dado todavía con las «principales reformas» que son necesarias para su sostenibilidad.
Porque la fragilidad del sistema ha ido aumentando paulatinamente sin que las medidas adoptadas hasta ahora para paliarla hayan sido eficaces. En los cinco últimos años se han aprobado dos reformas, una por el Gobierno socialista en 2011 y otra por el del PP en 2013, que no han acometido esos problemas de fondo. Retrasar la edad de jubilación, endurecer los requisitos de cotización para poder cobrar la pensión máxima, desvincular la subida de la pensión al IPC y ligarlo al ciclo económico… casi todo se ha intentado en los últimos años. Pero han sido parches que apenas han servido para retrasar en el tiempo las penurias del sistema público de pensiones.
Los números cantan. El déficit de la Seguridad Social en 2015 superó los 16.000 millones de euros -el mayor en la historia- y este año lo superará con creces. Además, el Fondo de Reserva se reduce también cada año. Fruto de la crisis y del aumento del desempleo, la denominada hucha de las pensiones, que se acercaba a los 67.000 millones de euros en 2011, hoy sólo cuenta con unos 25.000 millones. El Gobierno tiene que hacer uso de ella para pagar las extra semestrales porque el sistema no cuenta con ingresos suficientes. A este ritmo, la hucha de las pensiones habrá desaparecido en diciembre de 2017, según las previsiones que acaba de enviar a Bruselas el Gobierno en funciones, peores que las anunciadas anteriormente.
Una de las causas de que el modelo esté fallando es la demografía. España cuenta con la mayor esperanza de vida del continente y, a la vez, con una de las menores tasas de natalidad. Este envejecimiento de la población hace que el número de pensionistas no pare de crecer, y lo hace a mayor ritmo que el de cotizantes. Así, hoy tenemos una relación de un jubilado por cada dos afiliados a la Seguridad Social y las proyecciones apuntan a que en 2040 el número de personas menores de 18 años y mayores de 65 será igual al de la población en edad de trabajar. Es decir, sin que pase mucho tiempo, podemos encontrarnos con que cada trabajador tendrá que mantener a un pensionista.
A todo esto hay que añadir que los nuevos empleos que se están creando sean temporales y con salarios más bajos, lo que supone menos cotizaciones, mientras que las personas que se jubilan todavía lo hacen con pensiones relativamente altas. Es decir, el sistema de la Seguridad Social cada vez tendrá menos ingresos y más gastos si no se reforma en profundidad: una auténtica bomba de relojería que es imprescindible desactivar. Ningún Gobierno se ha atrevido a ello por el desgaste electoral que supone, a pesar de que ya es una cuestión urgente. No hay recetas mágicas y todo hace pensar que las pensiones públicas de las generaciones venideras van a ser más bajas que las actuales y ningún gobernante quiere arrastrar esa responsabilidad ante los ciudadanos.
Con todo, hay fórmulas para evitar que esa reducción no sea lacerante. La mayoría de los partidos y los sindicatos han propuesto ya sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad para que sean costeadas por impuestos y no por las cotizaciones. Habrá que fomentar también desde los poderes públicos los planes de pensiones privados -ya sea de empresa o individuales- que complementen la jubilación pública. Nadie tiene hoy en día la solución definitiva, pero cuanto más se retrasen las medidas más difícil será reconducir la grave crisis del sistema de pensiones español.
Es una cuestión que habrá que acometer en serio durante la próxima legislatura y en el ámbito del Pacto de Toledo. El Gobierno tiene que pilotar el proceso, desde luego, pero la reforma de la Seguridad Social es un tema tan trascendental que exige el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Licenciada en Derecho. Profesora en el Centro de Estudios Financieros (CEF.-) y en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
