Evolución de los ingresos de las entidades locales en España (2002-2018)
Esta entrada en Blogs UDIMA forma parte de los resultados obtenidos con la realización del Proyecto de Investigación financiado por la 4ª Convocatoria de Ayudas a la I+D+i 2017 de la Fundación HERGAR que lleva por título “Análisis del impacto económico y jurídico de la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal ¿Y ahora qué?”.
El pasado 28 de junio de 2019, la la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEELL) del Ministerio de Hacienda actualizó los datos correspondientes a los ingresos presupuestarios de las entidades locales en España, incluyendo un avance de la liquidación provisional correspondiente al ejercicio de 2018.
Los ingresos de las entidades locales se registran en sus presupuestos siguiendo una clasificación económica de acuerdo a la estructura de capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en la Orden EHA/3565/2008. Esta clasificación en el área de ingresos es aplicable a todas las entidades locales, con independencia de su población, a diferencia de lo que ocurre con los presupuestos de gastos que podrán agruparse en área de gasto y artículo para aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes.
En los últimos dieciséis años los ingresos totales de los municipios han seguido una trayectoria dispar, merced a la incidencia que la crisis económica ha tenido en sus cuentas. Desde el inicio del milenio, hasta la llegada de la crisis económica, los ingresos totales mantuvieron una tendencia claramente creciente. De hecho, hasta 2006, el crecimiento medio de los ingresos totales se situó en el 10,68% anual. Se pasó de 36.272 millones de euros estimados en 2002, a los 52.237 millones de euros en 2006. Sin embargo, a partir de 2006 se produce un estancamiento que se rompe bruscamente en 2009 y 2010 por la puesta en marcha del Plan E. De esta forma, en dichos ejercicios económicos, los ingresos ascendieron hasta los 62.607 y 57.000 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, descontando el impacto del Plan E, los ingresos totales de los municipios, desde 2007 hasta 2011, habría descendido, en promedio, entorno al 1% anual.
En 2012, en plena crisis económica, habida cuenta el elevado importe de la deuda comercial generada por el impago de los municipios, el Gobierno de la Nación puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores que, en varias fases durante 2012 y 2013, inyectó en las arcas municipales un total de 11.563 millones de euros, lo que tiene un impacto directo en el cómputo de los ingresos totales de los ayuntamientos. La puesta en marcha de este mecanismo llevaba asociada la asunción de diversos compromisos, tanto de cumplimiento de reglas de estabilidad, como de facilitar información al Ministerio de Hacienda.
Una vez disipados los efectos de las medidas intervencionistas del Estado en la economía de las entidades locales y tras la puesta en marcha de diversas medidas de control fiscal-presupuestario (principalmente la regla de gasto), los ingresos totales han seguido experimentado un crecimiento moderado, cuyo promedio se ha situado en el 2,35% entre 2014 y 2017, si bien en los datos del último ejercicio muestra un crecimiento superior, un 5,90%. Habrá que esperar a comprobar si este crecimiento es sostenible en el tiempo o, por el contrario, se avecina una nueva burbuja de ingresos en las entidades locales. El tiempo nos dirá…
Salomón Aguado Manzanares es actuario colegiado y profesor titular del área de economía financiera de la Universidad a Distancia de Madrid en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) como Premio Nacional Fin de Carrera y Doctor Europeo por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) , Cum laude por unanimidad.
Está especializado en economía aplicada y gestión pública. Ha colaborado en proyectos de investigación con el Ministerio de Agricultura, Agroseguro, Enesa y Ceigram sobre gestión de riesgos, diseño y evaluación de seguros agrarios, entre otros. Es evaluador del área de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Fundación Madri+d y miembro del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.
