De repente, de manera sobrevenida y sin apenas esperarlo, una nueva enfermedad, denominada coronavirus, hizo saltar las alarmas en nuestro país, y en todos los del globo, provocando el cierre de fronteras y el confinamiento domiciliario por su enorme virulencia y facilidad de contagio. El mundo se paró y la actividad económica se ralentizó, pero la educación continuó. Ante esta situación los centros escolares se vieron obligados a modificar su estilo de enseñanza, pasando de la presencialidad a la enseñanza online, para asegurar el desarrollo normal de las clases y que los alumnos alcanzasen los objetivos curriculares.
Sin embargo, esta nueva y apresurada educación digital ha supuesto una crisis educativa. Básicamente, porque ha reabierto y acentuado una brecha digital hasta entonces aletargada. El hecho de que los alumnos se vean obligados a trabajar en plataformas virtuales, para continuar con su escolaridad, exige una serie de recursos que muchas familias carecen de ellos. Sobre todo, aquellas más desfavorecidas, en términos económicos, o emplazadas en zonas rurales con unas infraestructuras tecnológicas deficientes.
Y es que, aprender a distancia, exige no solo disponer de conexión a Internet, sino también contar con una serie de dispositivos electrónicos –como ordenadores, portátiles, iPads o, en su defecto, teléfonos de última generación– que muchas familias, obviamente, no tienen. Pero aprender a distancia exige también contar con una competencia digital que muchos niños, pese a ser nativos digitales, carecen de ella por su situación de desventaja social.
Competencias TIC y más
Esto ha supuesto una concatenación de óbices que ha llevado a excluir, momentáneamente, a una pequeña parte de la población estudiantil de nuestro sistema educativo. Algo que ha puesto en entredicho la democratización de la enseñanza y el derecho a la educación. Esto supone plantearnos una serie de cambios en la escuela y en la sociedad.
El primero es que la competencia digital debe recobrar su estatus de competencia clave en todos los centros escolares y no ser trabajada como una mera cuestión transversal. Para ello, los profesores deben contar con formación específica para que puedan formar adecuadamente a su alumnado.
El segundo es que los centros deben contar con el equipamiento y recursos necesarios para que, en caso de emergencia individual o sanitaria, aquellos niños cuyas familias no dispongan de los medios suficientes puedan tener un soporte electrónico para seguir estudiando en sus casas. También deben idear otras alternativas didácticas cuando los domicilios no cuenten con conexión a Internet para garantizar la educación.
El tercero, es que los centros deben ser espacios abiertos a la comunidad, erigiendo una red de cooperación y apoyo, en caso de emergencia y necesidad, con el entorno. Por último, las entidades públicas deben recordar la zona rural, y otros espacios olvidados en nuestra geografía, dotándoles del tejido imprescindible para que Internet sea una realidad en sus hogares y localidad.