En mi último post en este blog, en el que reseñaba un prolífico encuentro de mucho interés para el análisis del conflicto, dejé abierta la pregunta sobre la dirección y la forma que tomarían las estrategias para la prevención de la radicalización y el extremismo violento en nuestro país.
Desde aquél post han mediado deleznables atentados terroristas que, con mayor o menor impacto en los medios de comunicación, siguen dando forma al modo en que Estados y gobiernos occidentales dan respuesta al fenómeno de la violencia política y el terrorismo. En concreto, los terribles atentados del pasado mes de noviembre en París y, esa misma semana, en Beirut y Bamako, nos recuerdan que seguimos bajo la amenaza de violencias altamente indiscriminadas que generan gran inquietud social y política y que se convierte, por su naturaleza multidimensional, en un objeto de estudio fundamental y prioritario, aunque ciertamente delicado. La razón de ello es que las respuestas requieren una urgencia que la investigación bien hecha, pausada, independiente, compleja y reflexiva, tiene dificultades para aportar.
Pensando en mis estudiantes del grado de Criminología, voy a retomar aquella reflexión con el objetivo de estimular su interés por indagar desde la mirada criminológica, pero con un impulso necesariamente interdisciplinar, en una de las dimensiones que han cobrado mayor relevancia en el momento actual: la radicalización como proceso fundamental y previo al terrorismo.
Esta misma semana hemos conocido la nueva iniciativa del Ministerio del Interior –Stop-radicalismos –para contrarrestar el potencial reclutador de la organización autodenominada Estado Islámico- y tratar de prevenir la movilización de individuos considerados «en riesgo de radicalización”. Para ello, la iniciativa invita a la ciudadanía a colaborar con las autoridades informando sobre “posibles casos de radicalización” y contribuir así a la prevención y neutralización de “brotes o focos de radicalismo violento”. Esto implica la dificilísima tarea de discernir qué comportamientos cualifican como:
“cualquier incidencia o problemática que, posiblemente, suponga el inicio o desarrollo de un proceso de radicalización o de gestación de conductas extremistas, intransigentes o de odio por razones racistas, xenófobas, de creencias o de ideologías”. (Véase la página reseñada)
Lo cierto es que esta iniciativa viene a inaugurar un conjunto de medidas previstas en el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN_LCRV), aprobado en enero de este año y del que aún sabemos poco pero que, sin duda, va a general debate público a la vista de lo ocurrido en otros países como el Reino Unido. Allí, por poner un ejemplo, la nueva política anti-extremismo obliga a universidades, instituciones educativas y servicio sociales varios a establecer sus propias pautas y protocolos de detección y vigilancia sobre la comunidad. Porque el radicalismo sobre el cual las autoridades esperan que se informe es –a juzgar por el momento, la agenda política y las lenguas en las que está diseñada la aplicación (árabe y castellano)- en el radicalismo islámico. Aún sabemos poco de este Plan Estratégico Nacional pero una primera aproximación a través de los documentos que nos ofrece el Ministerio del Interior nos conduce a tres dinámicas que nos afectan tanto como futuros profesionales de la criminología como en nuestro día a día ciudadano: la “descentralización” de prácticas antiterroristas al nivel municipal, la construcción del contrarrelato (producción sociopolítica de imágenes que contrarresten el poder mediático y propagandístico del EI) y la conversión de las comunidades musulmanas en población “diana” de esta política.
Cuando se activa a la sociedad civil para la colaboración ciudadana en materia de seguridad hay que confiar en que imperará el sentido común. El gran “pero” de la iniciativa es entonces que, aunque puede parecer que el “sentido común” opera en estas situaciones y que la ciudadanía tiene la competencia para separar el trigo de la paja, la realidad es que, independientemente de lo que se vaya aportando a este debate –espero- desde otros puntos de vista, la Sociología nos enseña que debajo del “sentido común” suelen operar fuerzas sociales muy poderosas como la clase social, el género o la raza y que está siempre atravesado por relaciones de poder. Y nos enseña también que los efectos sociales de esta iniciativa pueden no sólo no lograr el fin perseguido –evitar la radicalización y movilización de jóvenes musulmanes-, sino consolidar procesos de etiquetaje (Becker, 2008), de pánico moral (Cohen, 1970) y de islamofobia (Sayiid,2003). Sin pensar necesariamente en estos jóvenes, las consecuencias sobre las ya erosionadas libertades civiles en el contexto de la lucha antiterrorista podrían ser muy negativas.
Y nos preguntaremos ¿qué es radicalizarse?, ¿qué tipo de comportamientos sirven como “indicador” de que un individuo se está radicalizando? De que alguien esté “posiblemente iniciando o desarrollando conductas extremistas, intransigentes o de odio por razones racistas, xenófobas, de creencias o de ideologías”. He aquí que el concepto es mucho más difícil de lo que pareciera, de hacer operativo, tanto con propósito analítico como, desde luego, político-preventivos.
El término está pasando al debate público como la categoría explicativa fundamental para comprender “algo” sobre el terrorismo contemporáneo. No es nuevo ni mucho menos, pero se viene instalando con fuerza en la retórica pública como el verdadero quid de la cuestión del terrorismo yihadista; la radicalización se ha convertido en la clave sobre la que descansa la movilización de jóvenes de muchos países de Europa, ya para unirse in situ al autodenominado EI, ya para actuar «en casa» de manera relativamente autónoma. En este plano – y dado que una de las dimensiones sobre las que se construye el potencial de aquella organización es el muy notable aumento de su reclutamiento-, la radicalización se convierte en el proceso ideológico fundamental que modifica el comportamiento -inexplicable de otro modo-de jóvenes «normales» y activa su potencial para la violencia.
El estudio del terrorismo, que es intensivo y expansivo desde hace quince años, ha ido siempre acompañado por dos factores que son muy importantes: en primer lugar, por la presión de los acontecimientos y la necesidad de dar respuestas inmediatas. En segundo lugar, por la dificultad para contrarrestar fenómenos cambiantes y complejos sobre los que, además, los conceptos y las evidencias empíricas son enormemente resbaladizos. El propio concepto “terrorismo” es científicamente controvertido por su naturaleza política y poco concreta (Jackson and Sinclair, 2013), mientras que el de “radicalización” es igualmente debatido (Kundnani, 2012). Aunque en el campo de estudio de la violencia política y del terrorismo conviven perspectivas muy diversas, son los llamados “estudios de terrorismo” los que gozan del privilegio epistemológico en el ámbito de la elaboración de las políticas públicas. Y es aquí donde el interés por la radicalización, reforzado por los intereses políticos de la UE en relación con la gestión de las nuevas amenazas y riesgos para la seguridad interior de Europa y la potencial emergencia de violencia en el interior de nuestras democracias, se ha convertido en prioritario. De hecho, se ha convertido en el núcleo explicativo del terrorismo yihadista.
Sin embargo, no hay consenso claro sobre su significado ni sobre cómo medirlo ni explicarlo. Las definiciones son variadas pero lo fundamental es que mientras algunos estudios – los más mayoritarios y políticamente influyentes-, se centran en la radicalización individual y en los procesos psicológicos que operan generando cambios ideológicos que conduce a ideas violentas (McCulay and Mosalenko, 2008, Waldmann, 2009), otros ponen el foco en el estudio del conflicto sociopolítico y la interacción social (Tilly, 2004: Della Porta, 2013) y explican la “radicalización” como procesos a través de los cuales distintas organizaciones –incluyendo a Estados- movilizan recursos (también los ideológicos/cognitivos, pero no sólo) –entre los cuales está la violencia con fines políticos.
Las definiciones que están dando forma a las políticas de nuestro país y antes en los de nuestro entorno son, en esencia, compartidas y se basan en la premisa que sólo los individuos se radicalizan y lo hacen a través de un proceso (“el proceso”) en virtud del cual se desarrollan ideas, creencias y eventualmente prácticas que conducen a la violencia. Esta asunción es demasiado básica como para constituir la base de una política de seguridad que sea efectiva en aquello que queremos combatir. Hay más evidencia empírica de que este proceso no es tan simple como de que es mucho más complejo (Kundnani, 2012). Pero, además, empieza a haber conocimiento suficientemente concluyente sobre los efectos de las iniciativas basadas en este tipo de enfoque simplificador como para saber que, no sólo puede no funcionar (Kundnani, 2014) sino que amplificará procesos sociales muy negativos para la cohesión social como es la islamofobia, el estigma sobre “comunidades sospechosas” , la despolitización de grupos y demandas o la cultura de la delación y la sospecha (Lindekilde; 2012; O`Toole et al, 2012; Hickman et al, 2012).
En momentos tan delicados como los que vivimos tanto a nivel internacional como doméstico y, teniendo en cuenta la capacidad que tienen las políticas antiterroristas para concitar apoyo social en los últimos quince años, tanto el concepto «radicalización» como la política anti-radicalización merecen una aproximación en profundidad, pues si las investigaciones no logran concluir qué es la radicalización, a qué responde y cómo se produce ¿cómo vamos a saberlo los ciudadanos/as?
Os dejo dos reflexiones finales que son a mi juicio fundamentales:
La primera y más general es que las políticas públicas descansan sobre un diagnóstico; sobre la formulación de un problema. Por lo tanto, dependiendo del diagnóstico que se haga del problema, así será – al menos en esencia- la respuesta. Esto lo trabajamos muy a menudo cuando estudios la asignatura «teorías de la desviación social»: las explicaciones dan forma a las respuestas que se prescriben para modificar un fenómeno criminal. Esta constatación conduce a la necesidad de profundizar en aquello sobre lo que conocemos poco pero es socialmente relevante.
La segunda y más específica es que el conocimiento criminológico sobre este fenómeno es muy necesario. Por ello os invito, como siempre, a hacerlo desde la mirada interdisciplinar que desarrolláis en el Grado en Criminología. No hay objetos puros y propios de esta disciplina; hay problemas sociales y criminales que merecen ser investigados desde el rigor, la autonomía y poniendo en práctica la imaginación sociológica de CH. W. Mills, que el gran Jock Young (2015) os ha dejado en herencia; esa cualidad que os permite poner en relación las biografías individuales con las estructuras sociales en un momento y lugar dados. Os dejo para ello, además de las referencias, unas lecturas para “profundizar”. Espero que sean hilos de los que podéis tirar si queréis iniciar vuestro análisis y extraer vuestras propias conclusiones.
Referencias:
Becker, H. S. (2008). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Ney York: The Free Press.
Cohen, S (2002). Folks `s devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London: Routledge
Della Porta, D. (2013). Clandestine Political Violence. New York. Cambridge Univeristy Press.
Hickman, M. J., Thomas, L., NIkels, H. C. y S. Silvestri. (2012). “Social Cohesion and the notion of “suspected communities: a study of the experiencies and impacts of being “suspect” for Irish comunities and muslim communities in Britain”. Critical Studies on Terrorism, 5 (1): 89-106.
Jackson, R. y S. Sinclair. (eds.,). (2012). Contemporary debates on terrorism.London: Routledge.
Kundnani, A. (2015). A Lost Decade: Rethinking Radicalisation and Extremism. Claystone: [http://www.claystone.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Claystone-rethinking-radicalisation.pdf]
McCulay, C and S. Mosalenko, (2008). “Mechanisms of political radicalization. Pathways towards terrorism”. Terrorism and Political Violence 20: 415-33
Lindekilde, L. (2012). Introduction: assesing the effectiveness of counter-radicalisation policies in northwestern Europe. Critical Studies on Terrorism, 5(3), pp.335–344
O`Toole, T., Nilsson DeHanas, D., Tariq Modood (2012). “Balancing tolerance, security and Muslim engagement in the United Kigdom: the impact of “prevent” agenda”. Critical Studies on Terrorism, 5 (3): 373-389.
Sayyid, S. (2003). A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism. London: Zed Books.Tilly, C.(2004). “Terror, Terrorism, Terrorist”. Sociological Theory 22 (1): 5-13
Waldmann, P. (2009). Homegrown Terrorism-Radicalisierung in der Diaspora. Hamburg: Murmann.
Young, J. (2015). La Imaginación Criminológica. Madrid: Marcial Pons.
Para profundizar sobre terrorismo y radicalización:
Bigo, D.,Bonelli,L., Guittet E.P., Ragazzi, F. (2014). Preventing and Countering youth radicalization in the EU, Study for the LIBE Comitee, Directorate-Genral for internal policies. Policy departmenty Citizen´s rights and constitutional affairs. European Parliament. Publications Office. DOI: 10.2861/62642.
Dexter, H., y Guittiet, E.P. (2014). “Teaching (Something About) Terrorism: Ethical and Methodological Problems, Pedagogical Suggestions.” International Studies Perspectives 15 (4) 374-393, noviembre 2014.
Della Porta, D., y G. La Free. (2012). “Guests editorial: Processes of radicalization and de-radicalization”. International Journal of Conflict and Violence, 6 (1): 4-10 20; 1-20.
Foley, F. (2013). Countering Terrorism in Britain and France: institutions, norms and the shadow of the past. New York: Cambridge University Press.
Kundnani A. (2012). “Radicalization: the journey of a concept”. Race and Class, 54 (2) 3-25.
Mellón, J. A (ed.,) (2015): Islamismo Yihadista: radicalización y contrarradicalización. Valencia: Tirant lo Blanc.
Moreras, J. (2015). ¿Por qué unos se radicalizan y otros no? Notes Internacionals CIDOB, 123
Zulaika, J. (2009). Contraterrorismo USA: profecía y trampa. Irún: Alberdania.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.
