En el ámbito de las ciencias del trabajo, estos días no se puede hablar de otra cosa más que de la aprobación de la anunciada reforma laboral por parte del Gobierno. Incentivación a la contratación, abaratamiento de los costes laborales, flexibilidad, pérdida de poder sindical y empleabilidad son algunas de las palabras claves en los primeros comentarios al respecto.
Las deducciones fiscales y bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para las empresas, formarían la parte de la reforma dedicada a la incentivación, con un tratamiento especial en favor de la contratación de jóvenes, jóvenes parados y parados de larga duración mayores de 45 años, con complementos adicionales en algunos casos si el empleado es mujer. Además, los nuevos contratados podrían seguir recibiendo el 25% de la prestación por desempleo junto al nuevo sueldo.
La disminución de los costes laborales asociados a los despidos, con las visiones contrapuestas de los que la ven como una invitación al despido barato y, por tanto, no únicamente como una pérdida de derechos laborales sino, además, como una razón para que el desempleo aumente, frente a los que la ven como una motivación a la contratación, sin la rémora de un coste laboral inasumible y, por tanto, como un cimiento para construir un mercado de trabajo más dinámico, es sin duda, una de las cuestiones centrales de la reforma.
Así, el despido improcedente pasa a tener una indemnización de 33 días por año (12 días menos que con la anterior ley) y un máximo de 24 meses, frente a los 42 anteriores. El procedente, que lo será, como novedad en el nuevo ordenamiento, entre otras razones si la empresa presenta una caída de ingresos en tres trimestres, se asocia a una indemnización de 20 días por año, en uno de los puntos más protestados por las voces críticas.
La flexibilidad se introduce por medio de la capacidad que tendrán las empresas de modificar la remuneración o la jornada de trabajo debido a causas justificadas, con notificación previa a los trabajadores afectados que se podrán acoger entonces a la indemnización de 20 días, y por los menores trámites administrativos para los expedientes de regulación de empleo, lo que implica una menor capacidad de los sindicatos para negociar indemnizaciones.
Precisamente son los sindicatos uno de los grandes perjudicados por la reforma. No sólo se establece la prioridad de los convenios de empresa sobre los estatales, provinciales o sectoriales, sino que se limita a dos años la prolongación de la vigencia de los acuerdos de convenios pasados (ultraactividad) que, tradicionalmente, favorecía sus posiciones.
La mejora de la empleabilidad se estructura a través de la potenciación de la formación continua, con 20 horas anuales a cargo de la empresa y un fondo de formación a la alemana propio de cada trabajador. Esta medida se puede completar con la mayor facilidad dada a la movilidad entre funciones, que puede darse al modificarse el actual sistema de categorías profesionales.
Incluso el Gobierno se ha acordado de sus problemas presupuestarios y ha introducido algunas medidas anti-déficit como el hecho de que las grandes empresas de más de 500 empleados y con beneficios, deban hacer una aportación al Tesoro Público en despidos colectivos que incluyan a mayores de 50 años, o que los directivos de empresas públicas vean reducidas sus indemnizaciones cuando dejan sus responsabilidades de dirección.
La tendencia a la privatización de los servicios de búsqueda de empleo, ante las débiles cifras de colocación, únicamente el 3% de los parados, que consiguen los servicios públicos, la lucha contra el fraude en la prestación de desempleo y el absentismo o el anuncio de una inmediata regulación del teletrabajo, que esperemos que sea muy beneficiosa para nuestra universidad, son algunos de los otros asuntos que recogerá la letra pequeña de la ley.
Obviamente, el tiempo determinará el éxito o fracaso de la reforma una vez pasen las primeras reacciones, incluyendo abusos, protestas, manifestaciones y huelgas de mayor o menor calado. Esperemos que sea lo primero, el éxito, y que las líneas positivas que, en opinión de muchos analistas, se incorporan a nuestro mercado de trabajo con la reforma, tengan más fuerza que los riesgos de los que avisan otros tantos. Con un 22% de tasa de desempleo, que es casi un 50% entre nuestros jóvenes, sin duda, que la reforma alcance sus objetivos, es lo más deseable para todos.
