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Djamil Tony Kahale

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Sindical, Políticas de Igualdad e Integración en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. Ver perfil

Djamil Tony Kahale

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social afirma que el Bono Formación incluido en los Presupuestos para 2018 facilitará a los jóvenes una contraprestación de más de 1.000 euros al mes por formarse y trabajar

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que Bañez afirma que el Bono Formación incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 facilitará a los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil una contraprestación de más de 1.000 euros al mes por formarse y trabajar a través de un contrato de formación y aprendizaje.

La ministra ha recordado que “los mayores perjudicados por la crisis fueron los jóvenes menores de 30 años”, y por tanto, ha añadido, su incorporación al mercado de trabajo es una gran prioridad de un país que quiere contar con el talento de sus jóvenes”.

La ministra ha asegurado que queda mucho por hacer, porque entre 2007 y 2011 tres de cada cuatro empleos destruidos por la crisis fueron entre jóvenes, y ha resaltado que “si he encontrado un gran consenso entre interlocutores sociales, CCAA y sociedad civil española, ha sido para trabajar por el empleo entre los jóvenes”.

Báñez se ha referido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo, puesta en marcha en 2013, que ha dado oportunidades a más de 2,5 millones de jóvenes, a la que se sumó la Garantía Juvenil y, desde su puesta en marcha, ya hay  1.100.000 jóvenes inscritos, de los cuales un 43% ha encontrado un empleo (470.000).

En el transcurso de una visita realizada hoy lunes al Servicio Público de Empleo Estatal para hacer balance de sus programas y actividad y preparar los programas de consolidación de empleo, la ministra ha explicado que el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado contempla medidas importantes, debatidas con los sindicatos y las organizaciones empresariales, para insertar en el mercado laboral a los jóvenes que se quedaron fuera, a través del Bono Formación Garantía Juvenil y del Bono Conversión a Indefinidos. “Ambas medidas, ha asegurado, constituyen una mano tendida para poner a los jóvenes por delante”.

BONO FORMACIÓN GARANTÍA JUVENIL

El Bono Formación Garantía Juvenil dará un impulso histórico a la Formación Profesional Dual, y permitirá a través de la firma de contrato de formación y aprendizaje, adquirir competencias profesionales en el seno de una empresa mientras se obtiene un certificado de profesionalidad. Además, según ha subrayado Báñez, este contrato permitirá la percepción de una ayuda directa de 430 euros durante un periodo de 18 meses”.

De esta forma, los inscritos en la Garantía Juvenil que suscriban un contrato de formación y aprendizaje “estudiarán y trabajarán a la vez y tendrá una contraprestación económica de más de mil euros”.

No obstante, la ministra ha señalado que “lo más importante es la formación que van a recibir, porque la formación es garantía de estabilidad en el empleo”.

BONO CONVERSIÓN A INDEFINIDOS

La segunda medida a la que se ha referido la ministra, el Bono Conversión a Indefinidos 250, dará estabilidad a la inserción laboral, y consiste en una bonificación en las cuotas empresariales de 250 euros/mes (3.000 euros/años) durante 3 años. De esta medida serán beneficiarias las empresas que conviertan en indefinidos dichos contratos de formación y aprendizaje.

La titular de Empleo ha hecho referencia a los pactos que se han llevado a cabo, destinados a acompañar a los desempleados en la transición del desempleo al empleo, que han permitido prorrogar los programas de parados de larga duración, como el Plan Prepara, y el Plan de Activación para el Empleo, aumentar las políticas de empleo y mejorar la eficacia de plan de Garantía Juvenil.

“Queremos volver a tender la mano a todas las fuerzas políticas para no dejar a nadie atrás, ha dicho. Estos son los Presupuestos del 66%, porque se hacen cuando todavía falta por recuperar el 44% con el objetivo de sumar fuerzas para hacerlo posible. Por eso, el gasto por desempleado se incrementa un 15,7%, e incorpora un plan de choque para formar a los jóvenes que continúan teniendo dificultades para insertarse en el mercado de trabajo”.

Báñez ha recordado que con la recuperación se ha logrado pasar de la destrucción a la creación de empleo entre los jóvenes, que hoy crece a un ritmo del 8,71%, y la tasa de paro juvenil se ha reducido casi 20 puntos.

No obstante ha precisado que todavía hay muchos jóvenes con bajos niveles de formación, con dificultades para encontrar un empleo con riesgo de no encontrarlo, si no logran adecuar su formación a las necesidades del tejido productivo. Hay 1.014.400 parados menores de 30 años, de los cuales 491.700 no tiene más que la Educación Secundaria Obligatoria. “Por ello, ha resaltado, urge un pacto para que puedan formarse”.

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El Gobierno constata su compromiso en la lucha contra la trata de seres humanos y su apoyo a las víctimas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con los ministerios del Interior, de Justicia, de Asuntos Exteriores y de Empleo y Seguridad Social, ha aprobado hoy la Declaración Institucional contra la trata de seres humanos  con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra esta lacra. Lo ha hecho con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebró el 18 de octubre.

También en el marco de este día, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha lanzado, desde el 3 de octubre y hasta el 23 del mismo mes, la campaña “No inviertas en sufrimiento”, con el objetivo de sensibilizar a potenciales demandantes de estos servicios acerca de la realidad que puede subyacer bajo una oferta de comercio sexual, evitando que sea considerada una opción más de ocio y diversión. Se quiere concienciar sobre la realidad de la trata con fines de explotación sexual para evitar una visión normalizada del consumo de servicios sexuales que pueden estar proporcionados por mujeres que están siendo explotadas.

Por primera vez, una campaña contra la trata está presente en televisión, e Internet será otro de los canales donde se hará difusión de la misma, al igual que en exteriores a través de todo el territorio nacional. Se puede acceder a la campaña completa en

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas17/contraTrataMujeres.htm.

El texto íntegro de la declaración es el siguiente: “Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, 18 de octubre, el Gobierno de España se reafirma por un lado en su clara y decidida condena a esta grave violación de los derechos humanos, cualquiera que sea su forma, por otro, muestra su firme compromiso en la prevención y en la lucha contra la trata de seres humanos, haciendo especial hincapié en el apoyo incondicional a las víctimas, que tienen una especial incidencia en un alto porcentaje mujeres y niñas.

La acción y el compromiso del Gobierno de España contra la trata de seres humanos están asentados en los compromisos internacionales que venimos asumiendo. Así, la ratificación en 2003 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y el Convenio del Consejo de Europa para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (Convenio de Varsovia), ratificado por España en 2009, demuestran que la preocupación por la erradicación de esta forma de violencia no es un hecho aislado circunscrito a las fronteras de un Estado.

Los citados instrumentos legales, junto con la adopción en el ámbito de la UE, entre otras, de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas, han provocado una profunda revisión del ordenamiento jurídico español, que actualmente cumple con elevado rigor los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del delito, en lo relativo a la asistencia y protección de sus víctimas y en el ámbito de la coordinación y colaboración interinstitucional, destacando en este sentido la creación en el año 2014, de la figura del Relator Nacional para la trata de seres humanos.

Como Gobierno, no debemos olvidar que la trata de seres humanos constituye un negocio para organizaciones delictivas que obtienen importantes beneficios y cuya actividad excede, en la mayoría de los casos, del ámbito nacional, por lo que requiere de la cooperación y coordinación con terceros países.

A tal fin, en relación con la persecución del delito, destaca la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no sólo para la concreción de aspectos concretos de la tipificación del delito en el artículo 177 bis CP, sino para el refuerzo de otros aspectos en relación con la persecución del delito, como es la extensión de la regulación del decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.

Sin perjuicio de lo anterior, destaca la revisión de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la protección de las víctimas y un enfoque centrado en la promoción de sus derechos, que se ha operado a través, no sólo de la modificación de la legislación de extranjería y la extensión de la protección a todas las víctimas a través de la aprobación del Protocolo Marco de protección de Víctimas de trata, sino mediante la adopción de normas que otorgan una atención a las necesidades específicas de las víctimas atendiendo a la gravedad del delito.

En este ámbito no podemos dejar de mencionar la aprobación de leyes tan importantes como la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículo 59 bis), la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Paralelamente, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de instrumentos dirigidos a garantizar la protección de las víctimas. Se han adoptado protocolos de detección y derivación de víctimas de trata de seres humanos que implican a profesionales de distintos ámbitos para garantizar el acceso de las víctimas a recursos de asistencia especializados.

Este Gobierno se reafirma en la necesidad de contar con todos, de aunar esfuerzos con otros organismos e instituciones del tercer sector para hacer que nadie quede atrás, para lograr que los derechos de nadie sean perturbados. El Gobierno tiene el convencimiento de que cualquier avance pasa indefectiblemente por la necesaria coordinación y cooperación de todos los agentes, tanto públicos como privados, así como de los diferentes niveles territoriales.

El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual 2015-2018, que se encuentra en su tercer año de ejecución, constituye un claro ejemplo de que la acción contra la trata exige el diseño de una política integral y multidisciplinar, implicando necesariamente a instituciones y administraciones públicas, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

El Plan recoge la necesidad, junto a la protección de las víctimas y la persecución del delito, de impulsar acciones de prevención y concienciación, dirigidas a distintos sectores profesionales y a la población en general, como piezas clave en la erradicación de estas situaciones. Entre las distintas actuaciones propuestas en el Plan, se encuentra la promoción de actuaciones para visibilizar la trata en los días señalados internacionalmente contra la trata y la explotación sexual. Así, en conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, las instituciones representadas en el Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual adoptaron una Declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la trata de seres humanos, el apoyo incondicional a sus víctimas y el compromiso de todas las organizaciones de seguir trabajando en su erradicación.

En el ámbito multilateral, España participa activamente en las diferentes organizaciones internacionales promoviendo el fortalecimiento de la lucha contra la trata de seres humanos. Muestra de ello ha sido la aprobación por unanimidad de la Resolución CSNU 2331 (2016), liderada por España durante la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre “Trata de personas en situaciones de conflicto armado y postconflicto”, así como  la reciente aprobación por consenso de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 71/322 (2017) sobre “Fortalecimiento y promoción de medidas eficaces y de la cooperación internacional en materia de donación y trasplante de órganos para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico de órganos humanos”, una iniciativa conjunta de España y Guatemala.

El Gobierno es consciente de que la trata de seres humanos es un delito en continua evolución. Por ello, la evaluación de las políticas públicas deviene fundamental y no se puede circunscribir a un seguimiento de carácter interno del cumplimiento, sino que incluye las recomendaciones y conclusiones realizadas por distintos organismos nacionales e internacionales. En este sentido cabe destacar, entre otras, las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, las conclusiones del informe elaborado por la oficina de la Defensora del Pueblo en su monográfico “Víctimas Invisibles: la trata de seres humanos en España”, las evaluaciones realizadas por el Grupo de Expertos en Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, o los informes TIP (Trafficking in Persons) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Gobierno es consciente que se precisa una labor de sensibilización social, de condena y de colaboración. El reciente Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, adoptado por nuestras Cámaras sin el voto negativo de ningún partido político, viene a demostrar que cuando existen razones fundadas y el firme convencimiento de una sociedad, los principios y valores que ésta propugna son capaces de lograr la acción decidida de una y otras fuerzas políticas. Como Gobierno, tenemos la certeza de que la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos es otro de los ejes en los que la acción será compartida por la sociedad en su conjunto”.

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Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El Gobierno aprueba una declaración institucional con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Empleo y Seguridad Social ha aprobado hoy la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el próximo 21 de marzo:

«El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960), recordando que la discriminación racial constituye una ofensa contra la dignidad humana, y reafirmando, que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que, entre otros aspectos lleva consigo el compromiso de desarrollar políticas encaminadas a eliminar la discriminación racial en todas sus formas, comprometiéndose a adoptar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales y enmendar, derogar o anular las leyes que tengan como consecuencia crear discriminación racial o perpetuarla donde ya exista.

En España, el principio de igualdad constituye un valor superior del ordenamiento jurídico. La Constitución Española en su artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que ‘los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’. En su artículo 10.1 declara que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”  y en el apartado 2 se señala que las norma relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internaciones ratificados por España.

La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades de España tanto en su política interior, como exterior. Por este motivo, el Gobierno viene impulsando acciones concretas que contribuyen a eliminar definitivamente cualquier forma de discriminación, odio o intolerancia basada en estos motivos impulsando entre otras la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia que fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2011.

En el ámbito nacional, la incidencia de casos de discriminación étnica o racial continúa estando presente. Según la Encuesta 3000/2013 sobre percepción de la discriminación en España llevada a cabo por el CIS, la sociedad española considera la discriminación étnica o racial el motivo más extendido de discriminación, por delante de otros, como el sexo, la discapacidad o la orientación sexual.

En este mismo sentido, el estudio “Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España” que analiza las actitudes de los españoles hacia la inmigración desde 2007 hasta 2015, muestra una mejoría en las actitudes intolerantes, racistas o xenófobas de la población y, en muchas casos, en 2015 se alcanzan los mejores valores de la serie. Por ejemplo, en 2015, sólo un 5% de la población está de acuerdo con que no se sancionen las opiniones e insultos de corte racista o xenófobo, frente al 22% en 2008.

En cuanto a la protección a las víctimas, se han producido importantes avances en los últimos años:

  • La reforma del Código Penal del año 2015, refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos motivadas, entre otras causas, por el racismo, antisemitismo, religión o pertenencia a una etnia, raza integrando en un solo tipo la respuesta penal que el ordenamiento jurídico español ofreceRecoge también el agravamiento de la pena para los casos en que los delitos se cometan a través de internet u otros medios de comunicación social, puesto que internet se está convirtiendo en el gran refugio.
  • La aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos cometidos, entre otros, por motivos racistas.
  • Mantenimiento y financiación a través del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica un servicio de atención y orientación a las víctimas de discriminación racial o étnica, que extiende su asistencia a la totalidad de las comunidades autónomas con 87 oficinas de atención abiertas al público y desde el año 2014 la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempla la posibilidad de financiar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación.

Además se han puesto en marcha distintas acciones de información y sensibilización, dirigidas a aumentar el conocimiento de los derechos en este ámbito, impulsar la capacitación de agentes claves y fomentar la valoración positiva de la diversidad en espacios, como el educativo, esenciales para la mejora de la convivencia, presente y futura.

Se han publicado guías como la ‘Guía práctica: cómo actuar ante actos de discriminación y delitos de odio’, que sintetiza la información más relevante sobre qué se considera actos discriminatorios, a quién acudir cuando se producen y cómo asegurar el restablecimiento de la víctima en su derecho. El “Manual para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas” por otra parte pretende informar sobre las secuelas de odio y la discriminación; cómo actuar ante los incidentes motivados por el odio en la escuela y actuaciones y recomendaciones ante estos hechos.

En el ámbito internacional, España mantiene una postura firme y activa en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia implicándose en las numerosas iniciativas y mecanismos existentes en los distintos foros internacionales. Para luchar contra el racismo, España ha participado tanto en el marco de la Unión Europea como en el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el de Naciones Unidas.

España ha contribuido de manera constructiva al proceso que desembocó en la Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre Racismo, así como en la declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2014-2024) en el marco de las Naciones Unidas. Cabe destacar el papel fundamental de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y hacer un llamamiento a su ratificación universal y plena aplicación, como instrumento privilegiado para garantizar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para todos.

Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso en la lucha contra la discriminación racial o étnica, para garantizar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en un marco de convivencia y de cohesión social.”»

La Seguridad Social, procesos de maternidad y paternidad

La Seguridad Social ha tramitado 210.346 procesos de maternidad y 184.093 de paternidad

La Seguridad Social,  procesos de maternidad y  paternidad

La Seguridad Social ha dedicado más de 1.302,6  millones de euros al pago de las prestaciones por maternidad (1.148.368.063,05) y paternidad (154.308.137,39), entre enero y septiembre de 2016.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 210.346 prestaciones económicas por maternidad hasta septiembre. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor parte, 206.037, corresponden a permisos disfrutados por la madre y 4.309 a permisos (de maternidad) disfrutados por el padre.

La cuantía de esta prestación es equivalente al cien por cien del salario y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las 16 semanas de permiso (ampliables en caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo).
Además, el padre puede disfrutar del tiempo cedido por la madre al mismo tiempo que ella o a continuación, excepto en las seis primeras semanas de descanso obligatorio para la madre, en caso de parto natural (en caso de fallecimiento de la madre, el derecho a estas seis semanas lo puede solicitar el padre). La Ley contempla también la posibilidad de disfrutar a tiempo parcial del permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobrando la prestación por desempleo total y pasen a la situación de maternidad, percibirán la prestación correspondiente y, tras agotarla, reanudarán el cobro del desempleo por el tiempo que restara por percibir y en la cuantía que correspondiera en el momento de la suspensión.

Por comunidades autónomas, el mayor número de procesos entre enero y septiembre de 2016 ha correspondido a Cataluña (37.130), Andalucía (37.023), Madrid (36.062) y Comunidad Valenciana (20.052).

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado en tasa interanual el número de padres que se acoge al permiso por maternidad en este periodo son Cantabria (48,15%), Castilla-La Mancha (37,8%), Asturias (36,05%), y La Rioja (34,48%).

Permisos por paternidad

El número de procesos por paternidad entre enero y septiembre de 2016 ha sido de 184.093, lo que supone un aumento del 2,65% respecto al mismo periodo del año pasado,  y un coste de 154.308.137,39 euros.

El permiso por paternidad es independiente del de la madre y compatible con el disfrute compartido del permiso por maternidad, cuando es cedido por la madre.

La cuantía del subsidio por paternidad es la misma que el importe del permiso por maternidad: 100% de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal, derivada de contingencias comunes. La prestación se abona por un periodo de 15 días (dos más por cada hijo a partir del segundo).

El mayor número de procesos por permisos por paternidad ha correspondido a Cataluña (34.677), Madrid (30.481), Andalucía (29.153), la Comunidad Valenciana (18.110) y el País Vasco (9.899).

Excedencia por cuidado de hijo, menor acogido o familiar

Las trabajadoras y trabajadores pueden solicitar excedencia para atender al cuidado de hijo o menor acogido o para el cuidado de otros familiares. En este caso, la duración del periodo considerado de cotización efectiva dependerá de los supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, modificada con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad que amplió el alcance y duración de esta prestación.

Hasta septiembre de 2016, se han registrado 40.711 excedencias por cuidado familiar, de las que 37.069 correspondían a solicitudes presentadas por mujeres y 3.642 por hombres. La variación interanual ha sido de 12,43%, lo que ha supuesto un aumento de 4.500 prestaciones más que en 2015.

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de excedencias se ha producido en Madrid (9.971), Cataluña (5.991), Andalucía (4.223), País Vasco (4.051) y Comunidad Valenciana (3.632).

Se adjunta documento en PDF con datos por CC. AA.

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Cinco apps para luchar contra la violencia de género

La lucha contra la violencia de género ha encontrado en las nuevas tecnologías una importante aliada. Internet supone una gran fuente de información para las víctimas y su entorno; los blogs y foros se han erigido con un punto de encuentro para compartir experiencias; las redes sociales permiten un mayor acercamiento a los más jóvenes; y las aplicaciones para dispositivos móviles han dado una nueva perspectiva a este asunto por su fácil acceso y su enorme poder de difusión.

“Las TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) permiten ampliar la red de detección y acción, de protección de las víctimas y, sobre todo, de prevención, y además sirven de instrumento para llegar a la ciudadanía y lograr crear una red ciudadana de cooperación contra el maltrato machista”, asegura Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Djamil Tony Kahale, ganador del XVII Premio Leonor de Guzmán por el estudio El impacto de las Apps en la violencia de género, advierte sin embargo de que las nuevas tecnologías pueden ser un arma de doble filo: “Por una parte, son una herramienta de sensibilización eficaz, pero por otra, facilitan nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas, como por ejemplo el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento y repetida de la intimidad de la víctima”.

En su estudio, que verá la luz este año, este profesor del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad a Distancia de Madrid, pone de relieve el impacto que estas aplicaciones para dispositivos móviles ( smartphones y tablets) han tenido como herramientas para las propias víctimas y para las personas sensibilizadas en esta lacra social. Kahale destaca que estas aplicaciones para dispositivos móviles son útiles para la víctima de violencia de género y valora su potencial para los adolescentes, pues “las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que establecen los jóvenes con otros chicos y chicas”.

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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anuncia el proyecto Medicamento Accesible para desarrollar prospectos electrónicos que faciliten la información a las personas con discapacidad

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anuncia el proyecto Medicamento Accesible para desarrollar prospectos electrónicos que faciliten la información a las personas con discapacidad.

– Presentación de la Guía de Farmacias Accesibles para Todos Asegura que más de un tercio de los usuarios de las farmacias tienen algún tipo de limitación y “las pautas demográficas harán que esta proporción crezca en el futuro”.

– La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que su implantación tendrá un impacto como el que tuvo en su día la introducción del etiquetado en braille de los medicamentos

Asegura que más de un tercio de los usuarios de las farmacias tienen algún tipo de limitación y “las pautas demográficas harán que esta proporción crezca en el futuro”.

– Recuerda que las políticas de discapacidad en España son “referente internacional” y aboga por avanzar en las acciones “dirigidas a alcanzar un entorno accesible”.

Hoy, la discriminación más frecuente que sufren las personas con discapacidad no nace de las limitaciones funcionales, sino de “la falta de accesibilidad de los entornos físicos, productos y servicios, que es, a veces, más decisiva y condicionante”. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha hecho esta valoración durante la presentación de la Guía de Farmacias Accesibles para Todos, editada por la Fundación ONCE y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en colaboración con Sanofi.

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