El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con los ministerios del Interior, de Justicia, de Asuntos Exteriores y de Empleo y Seguridad Social, ha aprobado hoy la Declaración Institucional contra la trata de seres humanos con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra esta lacra. Lo ha hecho con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebró el 18 de octubre.
También en el marco de este día, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha lanzado, desde el 3 de octubre y hasta el 23 del mismo mes, la campaña “No inviertas en sufrimiento”, con el objetivo de sensibilizar a potenciales demandantes de estos servicios acerca de la realidad que puede subyacer bajo una oferta de comercio sexual, evitando que sea considerada una opción más de ocio y diversión. Se quiere concienciar sobre la realidad de la trata con fines de explotación sexual para evitar una visión normalizada del consumo de servicios sexuales que pueden estar proporcionados por mujeres que están siendo explotadas.
Por primera vez, una campaña contra la trata está presente en televisión, e Internet será otro de los canales donde se hará difusión de la misma, al igual que en exteriores a través de todo el territorio nacional. Se puede acceder a la campaña completa en
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas17/contraTrataMujeres.htm.
El texto íntegro de la declaración es el siguiente: “Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, 18 de octubre, el Gobierno de España se reafirma por un lado en su clara y decidida condena a esta grave violación de los derechos humanos, cualquiera que sea su forma, por otro, muestra su firme compromiso en la prevención y en la lucha contra la trata de seres humanos, haciendo especial hincapié en el apoyo incondicional a las víctimas, que tienen una especial incidencia en un alto porcentaje mujeres y niñas.
La acción y el compromiso del Gobierno de España contra la trata de seres humanos están asentados en los compromisos internacionales que venimos asumiendo. Así, la ratificación en 2003 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y el Convenio del Consejo de Europa para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (Convenio de Varsovia), ratificado por España en 2009, demuestran que la preocupación por la erradicación de esta forma de violencia no es un hecho aislado circunscrito a las fronteras de un Estado.
Los citados instrumentos legales, junto con la adopción en el ámbito de la UE, entre otras, de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas, han provocado una profunda revisión del ordenamiento jurídico español, que actualmente cumple con elevado rigor los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del delito, en lo relativo a la asistencia y protección de sus víctimas y en el ámbito de la coordinación y colaboración interinstitucional, destacando en este sentido la creación en el año 2014, de la figura del Relator Nacional para la trata de seres humanos.
Como Gobierno, no debemos olvidar que la trata de seres humanos constituye un negocio para organizaciones delictivas que obtienen importantes beneficios y cuya actividad excede, en la mayoría de los casos, del ámbito nacional, por lo que requiere de la cooperación y coordinación con terceros países.
A tal fin, en relación con la persecución del delito, destaca la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no sólo para la concreción de aspectos concretos de la tipificación del delito en el artículo 177 bis CP, sino para el refuerzo de otros aspectos en relación con la persecución del delito, como es la extensión de la regulación del decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.
Sin perjuicio de lo anterior, destaca la revisión de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la protección de las víctimas y un enfoque centrado en la promoción de sus derechos, que se ha operado a través, no sólo de la modificación de la legislación de extranjería y la extensión de la protección a todas las víctimas a través de la aprobación del Protocolo Marco de protección de Víctimas de trata, sino mediante la adopción de normas que otorgan una atención a las necesidades específicas de las víctimas atendiendo a la gravedad del delito.
En este ámbito no podemos dejar de mencionar la aprobación de leyes tan importantes como la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículo 59 bis), la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Paralelamente, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de instrumentos dirigidos a garantizar la protección de las víctimas. Se han adoptado protocolos de detección y derivación de víctimas de trata de seres humanos que implican a profesionales de distintos ámbitos para garantizar el acceso de las víctimas a recursos de asistencia especializados.
Este Gobierno se reafirma en la necesidad de contar con todos, de aunar esfuerzos con otros organismos e instituciones del tercer sector para hacer que nadie quede atrás, para lograr que los derechos de nadie sean perturbados. El Gobierno tiene el convencimiento de que cualquier avance pasa indefectiblemente por la necesaria coordinación y cooperación de todos los agentes, tanto públicos como privados, así como de los diferentes niveles territoriales.
El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual 2015-2018, que se encuentra en su tercer año de ejecución, constituye un claro ejemplo de que la acción contra la trata exige el diseño de una política integral y multidisciplinar, implicando necesariamente a instituciones y administraciones públicas, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
El Plan recoge la necesidad, junto a la protección de las víctimas y la persecución del delito, de impulsar acciones de prevención y concienciación, dirigidas a distintos sectores profesionales y a la población en general, como piezas clave en la erradicación de estas situaciones. Entre las distintas actuaciones propuestas en el Plan, se encuentra la promoción de actuaciones para visibilizar la trata en los días señalados internacionalmente contra la trata y la explotación sexual. Así, en conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, las instituciones representadas en el Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual adoptaron una Declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la trata de seres humanos, el apoyo incondicional a sus víctimas y el compromiso de todas las organizaciones de seguir trabajando en su erradicación.
En el ámbito multilateral, España participa activamente en las diferentes organizaciones internacionales promoviendo el fortalecimiento de la lucha contra la trata de seres humanos. Muestra de ello ha sido la aprobación por unanimidad de la Resolución CSNU 2331 (2016), liderada por España durante la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre “Trata de personas en situaciones de conflicto armado y postconflicto”, así como la reciente aprobación por consenso de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 71/322 (2017) sobre “Fortalecimiento y promoción de medidas eficaces y de la cooperación internacional en materia de donación y trasplante de órganos para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico de órganos humanos”, una iniciativa conjunta de España y Guatemala.
El Gobierno es consciente de que la trata de seres humanos es un delito en continua evolución. Por ello, la evaluación de las políticas públicas deviene fundamental y no se puede circunscribir a un seguimiento de carácter interno del cumplimiento, sino que incluye las recomendaciones y conclusiones realizadas por distintos organismos nacionales e internacionales. En este sentido cabe destacar, entre otras, las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, las conclusiones del informe elaborado por la oficina de la Defensora del Pueblo en su monográfico “Víctimas Invisibles: la trata de seres humanos en España”, las evaluaciones realizadas por el Grupo de Expertos en Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, o los informes TIP (Trafficking in Persons) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El Gobierno es consciente que se precisa una labor de sensibilización social, de condena y de colaboración. El reciente Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, adoptado por nuestras Cámaras sin el voto negativo de ningún partido político, viene a demostrar que cuando existen razones fundadas y el firme convencimiento de una sociedad, los principios y valores que ésta propugna son capaces de lograr la acción decidida de una y otras fuerzas políticas. Como Gobierno, tenemos la certeza de que la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos es otro de los ejes en los que la acción será compartida por la sociedad en su conjunto”.
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Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Sindical, Políticas de Igualdad e Integración en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.
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