En estos días de noviembre se cumplirán cuarenta años de la decisiva aprobación de la Ley para la Reforma Política (LPRP). Debatido el texto legal en las Cortes del difunto dictador (Franco había muerto apenas un año antes), el grueso de sus procuradores decidieron abrir la puerta a la democracia mediante el más sencillo de los procedimientos: la convocatoria de unas elecciones libres desde la legalidad entonces vigente.
La habilidad procesal de Fernández-Miranda, el hombre elegido por el Rey para presidir las Cortes, favoreció que los elementos minoritarios que se oponían al cambio fueran arrinconados. Despejó el antiguo preceptor de Don Juan Carlos la situación (mediante el Procedimiento de Urgencia, la creación de los Grupos Parlamentarios, el nombramiento de nuevas presidencias para las comisiones, etc.) para que el equilibrio real de fuerzas pudiera manifestarse.
Es verdad, no obstante, que la composición de las Cortes había variado radicalmente al final del franquismo. En 1975 Franco era un anacronismo, pero su sucesor don Juan Carlos o los miembros de la Ponencia que defendió la LPRP encarnaban la España que aspiraba a ser democrática y que aspiraba a integrarse en Europa.

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Debe decirse que la mayoría de quienes votaron en aquellas jornadas memorables sabían que ese era el último servicio de una carrera política que terminaba. Los sufragios positivos estuvieron mucho más relacionados con aquellos grupos que habían obtenido su escaño por elección ciudadana. Mayor identificación con la sociedad española del desarrollismo tenían los representantes “familiares” y locales, sobre todo, frente a los designación directa del antiguo jefe del Estado, los natos o los de extracción sindical. Los representantes del “bunker” constituían ya en 1975 un residuo del Régimen. Los oradores que subieron a la tribuna para oponerse a la LPRP reconocieron expresamente que sus convicciones no estaban adulteradas por la defensa de poltronas ni el ejercicio de cargos ministeriales que defender. ¿No era esta la prueba patente de lo poco que pesaban en el tardofranquismo? Se reconocían en el espíritu de una Guerra Civil que había concluido hacía mucho tiempo y que una mayoría aplastante de españoles no deseaba resucitar.
Hubo hasta un procurador y ex combatiente que reclamó “perdón, olvido y reconciliación”; secuencia que aquellas Cortes y el posterior proceso constituyente aquilatarían políticamente. Toda una paradoja el que esas palabras fueran prácticamente las mismas que un sobrepasado presidente Azaña pronunciara amargamente en el transcurso de la guerra cainita. Este último quiso que cesaran las hostilidades; la cámara que votó la LPRP, que no se reanudasen nunca.
Ahora que se pone en tela de juicio el legado de la Transición democrática no es mala ocasión para reflexionar sobre sus enseñanzas. Nos es buen síntoma el poco ánimo de celebrar esa votación histórica que se produjo hace cuarenta años.

Álvaro de Diego
Profesor de Historia Contemporánea y Periodismo en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.

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