La Federación de Asociaciones de la Prensa de España se ha pronunciado en torno a las consecuencias informativas de la crisis del Sahara. A juicio de FAPE, el Gobierno alauita apuesta por la «censura dirigida» al permitir la entrada de un más que escueto grupo de periodistas españoles a la zona. En este sentido, se exige la inmediata restitución de la credencial de prensa al corresponsal del diario ABC, Luis de Vega, decano de los profesionales españoles en el Reino norteafricano y uno de los reporteros más críticos con su actuación en el desalojo violento del campamento saharaui de El Aaiún.
Las limitaciones informativas impuestas por Rabat no sorprenden. El país ocupa el puesto 127 del mundo en cuanto al respeto a las libertades de prensa y juega con la retirada de credenciales para constreñir el ejercicio libre de la información. Prestan razones al limitador los errores propios, como el de publicar como cierta una foto de EFE presuntamente alusiva a niños saharauis heridos; correspondía a palestinos de Gaza y al año 2006.
Sorprende la condescendencia del Gobierno español, que ha ofrecido participar en la visita guiada a El País, El Mundo y TVE, excluyendo a los corresponsales en la zona. ¿Qué intereses determinan la aceptación pasiva del gabinete español? ¿Pesca, inmigración, Ceuta y Melilla, contención del terrorismo islámico? ¿Son razones suficientes para coartar las prerrogativas del Cuarto Poder y lacerar el artículo 20 de la Constitución? ¿Razón de Estado o derecho a la información? El derecho a la autodeterminación no solo se juega en Sahara, sino también en España… y con sus periodistas.
