La Comisión Intercolegial de la Criminología Española, que engloba a los cinco Colegios profesionales de Criminología del país, ha presentado en los últimos meses a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para regular el ejercicio de la profesión del crimonólogo/a, con escaso interés por parte de los grupos parlamentarios, según denuncian en un comunicado difundido el pasado 26 de enero.
La comunicación ha sido respondida «solo» por tres grupos; ERC, Ciudadanos y Vox, que han mostrado interés por el desarrollo laboral de una profesión «cada vez más reconocida en Europa y en el resto del mundo», advierten los colegios de criminólogos.
Un total de 38 universidades españolas, entre ellas la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, imparten esa enseñanza reglada y 12.000 alumnos al año acaban el grado de Criminología, sin embargo, «sin un futuro despejado a la vista. A todos ellos, los órganos democráticos e instituciones del país deberían atender y dar una respuesta», reclaman los colegios de criminólogos.
“Los Grupos grandes del Congreso se desentienden de todos estos profesionales, jóvenes brillantes al entrar y con gran experiencia al finalizar sus estudios. Parece que no quieren avanzar en lograr una sociedad moderna, en la línea con el resto de la Unión Europea, donde los criminólogos ejercen una papel cada vez más preponderante en la prevención del delito en ámbito público y privado, en el tratamiento penitenciario y en la esfera de la responsabilidad penal de los menores, entre otros muchos campos que abarca esta Ciencia”, ha subrayado Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y vicepresidenta de la Comisión Intercolegial.
Balfagón, quien ha mantenido cordiales y productivas reuniones con los representantes de estos tres Grupos, confía en que alguno de ellos “mueva ficha” y presente en la Cámara Baja el proyecto de Ley planteado, así como otras iniciativas y preguntas parlamentarias en la línea del demandado reconocimiento laboral de la profesión. No muy lejos de aquí, el Parlamento de Portugal reguló ya en septiembre de 2019 el ejercicio de la Criminología, proporcionando un marco legislativo claro y moderno a la profesión.
“En cambio, en España, los criminólogos y criminólogas estamos infravalorados y sometidos a una espuria injerencia profesional. Nuestros representantes públicos e incluso en la Judicatura desconocen nuestras funciones, nos cierran las puertas y coartan el principio de igualdad de oportunidades reconocido por la Constitución. Todavía estamos esperando a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llame a los Colegios sobre el anuncio de creación de la figura de vigilante de la libertad vigilada. ¿Un anuncio de humo más? Esperemos que no”, remarca en el referido comunicado.
La vicepresidenta de la Comisión Interprofesional también ve “incomprensible” que apenas se realicen estudios en las prisiones sobre las razones que llevaron a los presos de crímenes machistas o de otro tipo a cometerlos –otra de las funciones de los criminólogos– y solicita a Instituciones Penitenciarias que los que existan se expongan al debate y conocimiento de los profesionales implicados en esta execrable violencia.
En 2003 un Real Decreto estableció el Título de Licenciado en Criminología y en 2010 el Título de Graduado. Sin embargo, la profesión no goza de la correspondiente regulación donde se señalen, entre otros aspectos, el título universitario que habilita para su ejercicio y la normativa vigente al respecto.
La profesión de criminólogo/a desarrolla los aspectos preventivos de la conducta delictiva, de la conducta antisocial, de la Victimología y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia, incluidas las del ámbito escolar. Se realiza tanto con el análisis de casos concreta y de zonas, poblaciones, comunidades o instituciones.
Esta labor preventiva se desarrolla en todos los ámbitos del control social formal: operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y de justicia de menores. También en el control social informal, como pueden ser entidades locales, comunidades, centros educativos o empresas. En todos ellos la Criminología aporta y enrique sus conocimientos y soluciones prácticas, puesto que es la ciencia que se encarga de todo ello.
Una vez fijados en detalle todos estos ámbitos, el Proyecto de Ley determina que el ejercicio de las funciones de criminólogo con carácter profesional corresponde a las personas que ostenten el título universitario de Licenciado/Graduado en Criminología. Esta exigencia debe ser vinculante para los sectores públicos, privados, sociales y cualquier otro que realicen la contratación de un criminólogo, intentando con ello erradicar la injerencia profesional en este colectivo. Todos sus actividades, tanto en territorio nacional como autonómico, bien por cuanta ajena o propia, deben estar recogidos en él.
Tras exponer las funciones concretas de los criminólogos, la iniciativa parlamentaria pretende regular que podrán ejercer su actividad en investigación científica y la docencia, en el ámbito de su formación y/o especialización; en el apoyo, como asesores, a las autoridades judiciales en la fase de Instrucción cuando dichas autoridades judiciales lo soliciten; en calidad de peritos en la fase de juicio oral; o en los equipos técnicos de Instituciones Penitenciarias, para contribuir a la constitucional labor de reinserción.
Igualmente, en las Oficinas de Atención a Víctimas como profesionales especialistas en Victimología; en los equipos de mediación; en calidad de agentes de libertad vigilada; en los equipos técnicos adscritos a los Juzgados de Menores con ejecución de medidas judiciales para que, junto con el resto de profesionales implicados; en las plantillas de los Centros de Ejecución de medidas judiciales; en los ámbitos empresariales de seguridad y ciberdelincuencia; o colaborando con los profesionales responsables de la educación, en la prevención y/o erradicación de conductas violentas en las aulas; en las oficinas de delitos de odio; y en las FCSE como asesores externos para la investigación criminal.
El Proyecto de Ley que los criminólogos españoles exigen que se presente también incluye las modalidades de ejercicio de la profesión, tanto en el ámbito privado como público, y el correspondiente apartado sobre Ética Profesional y Régimen Disciplinario, que deberá ser regulado por el Gobierno, concluye el comunicado conjunto.
