El pasado 10 diciembre se public\u00f3 en el BOE la ley 19\/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno.<\/p>\n
La citada ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad p\u00fablica, regular y garantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p\u00fablicos as\u00ed como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.Para favorecer el acceso de todos a la informaci\u00f3n que se difunda se crear\u00e1 el Portal de la Transparencia, que incluir\u00e1, adem\u00e1s de la informaci\u00f3n sobre la que existe una obligaci\u00f3n de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.<\/p>\n
Como se indica en la propia ley, la transparencia, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acci\u00f3n pol\u00edtica. S\u00f3lo cuando la acci\u00f3n de los responsables p\u00fablicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer c\u00f3mo se toman las decisiones que les afectan, c\u00f3mo se manejan los fondos p\u00fablicos o bajo qu\u00e9 criterios act\u00faan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes p\u00fablicos comienzan a responder a una sociedad que es cr\u00edtica, exigente y que demanda participaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
Los pa\u00edses con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones m\u00e1s fuertes, que favorecen el crecimiento econ\u00f3mico y el desarrollo social. En estos pa\u00edses, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con m\u00e1s criterio la capacidad de sus responsables p\u00fablicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalizaci\u00f3n de la actividad p\u00fablica se contribuye a la necesaria regeneraci\u00f3n democr\u00e1tica, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n
Bajo estas premisas, le ley se propone un triple objetivo: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad p\u00fablica -que se articula a trav\u00e9s de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades p\u00fablicas-, reconocer y garantizar el acceso a la informaci\u00f3n -regulado como un derecho de amplio \u00e1mbito subjetivo y objetivo- y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p\u00fablicos as\u00ed como las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de su incumplimiento -lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia p\u00fablica-.<\/p>\n
La ley supone, en definitiva, un importante avance en la materia y establece unos est\u00e1ndares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se ver\u00e1 acompa\u00f1ado en el futuro con el impulso y adhesi\u00f3n por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este \u00e1mbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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