El pasado 22 de septiembre se aprobó en el Congreso la reforma que modificaba el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que se permite a los miembros de la judicatura que ocupen cualquier cargo político o de confianza el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con lo que mantienen el cómputo de antigüedad. Dicha reforma se realizó a través de una enmienda a la Ley de agilización procesal LO 12/2011.
Frente a esta reforma el Foro Judicial Independiente (FJI) dirigió al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, un escrito por el que solicita someter al Pleno de la institución un «procedimiento inequívoco de rechazo» a la elaboración y al contenido de la reforma judicial.
La asociación instó igualmente al CGPJ a plantear un «conflicto constitucional de competencias» –contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional– ante la «gravedad» que ha supuesto esta «desconocida y sorpresiva iniciativa, tramitación y aprobación» de esta reforma.
En opinión del colectivo, el Poder Judicial no puede permanecer «impasible» ante esta modificación legislativa que afecta al estatuto de los jueces y magistrados y, por ende, a su independencia. Además, critica que los grupos parlamentarios hayan incluido vía enmienda esta reforma sin el preceptivo trámite de estudio e informe del CGPJ.
Asimismo las asociaciones de jueces han rechazado de forma rotunda y unánime esta reforma al considerar que la renovación de la norma resta crédito a la independencia de la judicatura y se impulsa por «complacencias personales» hacia determinados políticos que se encuentran en esta situación, como es el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, Antonio Camacho, o el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
A este respecto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudió el pasado 11 de octubre la queja del Foro Judicial Independiente, eludiendo adoptar las medidas más contundentes que pedía la asociación como la emisión de un pronunciamiento de rechazo a la nueva norma, sin perjuicio del análisis que de este asunto haga el Pleno del Consejo.
No obstante, dicha Comisión ya ha aplicado la reciente reforma a diversos políticos de distintos partidos y así ha concedido ese beneficio a el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, y el alcalde del Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP, de modo que ambos pasan a la situación de servicios especiales manteniendo el cómputo de antigüedad en la carrera judicial pese a estar ocupando actualmente sus respectivos cargos políticos. Con posterioridad, el 10 de octubre, el exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Manuel Campos Sánchez, han sido los primeros fiscales que han estrenado las ventajas incluidas en la nueva legislación, a quien recientemente se ha unido el actual ministro del interior, Antonio Camacho, fiscal de carrera, al igual que el diputado socialista por Córdoba Juan Luis Rascón quien después de 8 años dedicado a la política mantiene el cómputo de antigüedad y el escalafón en la carrera judicial.
Todo ello llevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial a aprobar previsiblemente una petición a las Cortes para evitar ninguneos a la función consultiva de este órgano como el ocurrido con ocasión de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) donde se propone la «conveniencia» de que, en lo sucesivo, se le consulte ante cualquier modificación legislativa que afecte al estatuto del juez «aunque ésta sea por vía enmienda». Si bien nada se sabe si se manifestará la opinión del Pleno respecto al fondo de la cuestión, el contenido de la reforma.
La cuestión ha dado lugar a un recomendable y certero artículo de opinión de Agustín Ruíz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional, titulado “Esa antigualla de Montesquieu” que a continuación se propone para poder reconocer los polvos de dónde vienen estos lodos.
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/10/actualidad/1318269514_491590.html
