El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Ángel Juanes, ha abogado este viernes en Santander por mantener la consideración de imputado «solamente» cuando haya una «declaración formal» por parte del juez de que existen «indicios racionales de criminalidad contra una persona» y ha opinado que el hecho de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hable de ‘encausado’ y no de ‘imputado’ «no va a resolver todos los problemas actuales» pues, a su juicio, es «un cambio semántico» cuando lo que habría que hacer es «perfilar mejor la figura del imputado».

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas antes de participar en un curso sobre justicia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Juanes ha opinado que el concepto ‘imputado’ es «de los más controvertidos porque hay una acepción social» que hace que la sociedad española perciba al ‘imputado’ como una persona que ya es inculpada y contra la que ya existen indicios racionales de criminalidad cuando «no es así» porque puede ser que ésta sólo haya tenido «contacto» con los hechos delictivos y sea «necesario» citarlo a declarar.

Por lo tanto, ha opinado que lo que se debe de hacer es «delimitar mejor» el concepto y aplicarlo sólo cuando haya declaración formal del juez de que hay indicios racionales de criminalidad y ha abogado por que, antes de que eso ocurra, se hable de ‘investigado’, como en Estados Unidos, o de un testigo asistido que acude con abogado.

«Es una figura intermedia, es una persona contra la que no hay indicios racionales de criminalidad todavía pero que es necesario interrogarlo o preguntarla. Y para no provocar indefensión, porque su respuesta puede provocarla, se adelanta el derecho de defensa», ha explicado.

FÓRMULA «INTERMEDIA»

Además, en estas declaraciones, en cuanto a la posibilidad que contempla en el borrador de la Ley a la paralización de información en un medio de comunicación sobre un procedimiento judicial, se ha mostrado «partidario» de que, «en los momentos actuales que vive» España, haya la «mayor transparencia posible». «Pienso que la sociedad lo demanda», ha afirmado.

Sin embargo, Juanes ha opinado que se debe conceder una cierta protección a aquellas personas que están siendo investigadas y sobre las cuales se vierten datos en algunas ocasiones pueden ser sesgados, «perjudicando sus derechos». «Entonces hay que encontrar una fórmula intermedia» en la que se propicie «la transparencia máxima» y una «cierta protección a los derechos de esas personas que están siendo investigadas» para evitar que puedan aparecer datos suyos de un sumario que «a lo mejor son sesgados, dependiendo de quien los filtre». «Hay que buscar un punto de equilibrio», ha dicho.