Artículo publicado en el Diario El Mundo por D. Luis Ángel Sanz

El pasado 20-N, los españoles propinaron un severo voto de castigo al Senado. Los sobres sepia incluyeron 1.263.000 votos en blanco (el 5,37% del total, cuatro veces más que los blancos del Congreso); 905.000 sufragios fueron votos nulos (tres veces más), y 180.000 personas que escogieron una papeleta para la Cámara Baja prefirieron no votar al Senado. En total, más de 2.347.000 ciudadanos acudieron a su colegio a votar y expresaron de una forma u otra su protesta contra una de las instituciones actualmente más devaluadas.

Nadie sabe si alguien recogerá el guante lanzado por más de dos millones de ciudadanos o si se seguirá ignorando el cada día más palpable rechazo a la llamada Cámara Alta. Seguramente el martes 13, el día de su constitución, se volverán a escuchar voces que apostarán por que ésta sea la legislatura de la reforma del Senado… Que lleva 30 años sin acometerse.

La Cámara Alta tiene unas funciones muy limitadas. En materia legislativa, revisa las leyes que le envía el Congreso e introduce enmiendas que luego el Congreso puede aceptar o rechazar. Y cumple con una función de control al Gobierno que muchas veces es reiterativa sobre la que realiza la Cámara Baja. Además, la repercusión en los medios de cualquier cosa que ocurre en el Senado es siempre infinitamente menor a lo que pasa en el Congreso.

Como explica el que fue portavoz de Entesa Catalana de Progrés la pasada legislatura, Carles Bonet, «si Tejero hubiera entrado a pegar tiros en el Senado en vez de en el Congreso, nadie se habría enterado».

El Senado también puede vetar las leyes que aprueba el Congreso, como ha pasado con los Presupuestos en los últimos años. Sin embargo, este veto sólo ha tenido una importancia simbólica. A la semana siguiente, la Cámara presidida por José Bono ha levantado el veto por mayoría simple. En la décima legislatura, el Senado ni siquiera servirá de contrapoder frente al Congreso ya que la mayoría absoluta del PP es todavía más alta en este hemiciclo: más de un 61% de los senadores (164 de 266) serán del Grupo Popular.
Cámara de representación territorial

La mayoría de los senadores de todos los partidos admiten que las funciones de la Cámara -de la que cobran entre 3.500 y 6.000 euros netos- son «prescindibles». Algunos justifican su continuidad sólo para que algún día pase a ser una «auténtica cámara de representación territorial», como corresponde a un Estado descentralizado.

El PP y el PSOE siempre han defendido esta institución. Han dicho que apuestan, eso sí, por su reforma en profundidad para convertirla en la auténtica cámara de representación territorial. Pero nunca han puesto sobre la mesa una propuesta seria más allá de sus declaraciones.

La portavoz adjunta del Grupo Popular la pasada legislatura, Rosa Vindel, defendía que hay que cambiar la forma de elección de los senadores y que debería reforzarse el papel de esta Cámara para que sea la protagonista en los proyectos de ley de incidencia autonómica. Algo similar propugnaba la portavoz socialista, Carmela Silva, que ahora será diputada. Pero nunca llegaron a ponerse a trabajar.

Joan Josep Nuet ha sido senador de Izquierda Unida (también se estrenará ahora como diputado) cuatro años y alerta de que «si en esta legislatura no se da un impulso importante a la eternamente pendiente reforma del Senado, la Cámara estará abocada a su cierre».

Nuet, que defiende el trabajo que llevan a cabo la mayoría de los senadores, dice públicamente que sus funciones actuales «son prescindibles». Y dada la gravedad de la crisis, los españoles no parecen dispuestos a mantener instituciones prescindibles que cuestan más de 55 millones de euros al año.

El parlamentario de IU denuncia que el Senado «se ha convertido para los dos grandes partidos» en una especie de «cementerio de elefantes» donde retirar y colocar a sus viejas glorias y cuadros que no tienen dónde situar.

Con la misma o más claridad se expresa la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez. Para la diputada, «es urgente de verdad reformar el Senado para dotarle de sentido». Y si no se hace, «hay que cerrarlo».
Traductores

Díez denuncia que «lo único que hace el Senado diferente del Congreso es contratar a traductores para que los senadores se entiendan», lo que evidentemente no es vital para el funcionamiento de la democracia española.

Otros partidos, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) proponen directamente su supresión en su programa.

Lo cierto es que esta institución está hoy más cuestionada que nunca y no sólo desde el mundo político o académico, sino directamente desde la calle. Justo al final de la pasada legislatura, el que ha sido senador del Bloque Nacionalista Galego (BNG), José Ramón Pérez Bouza, aseguraba sin inmutarse que «el Senado sirve para muy poco o para nada» y que «hay muchos senadores que en tres o cuatro años no intervienen en la Cámara ni una sola vez».

Los partidos no mayoritarios apuntan que hay un motivo para que el Senado no se haya reformado nunca y culpan directamente al PP y al PSOE, ya que «utilizan el Senado para colocar a más de 100 dirigentes cada uno, a sus afines y a sus cuadros». Ambos partidos, según IU y UPyD, defenderán esta institución como está mientras les siga sirviendo para mantener sus estructuras de poder.

El responsable de Programa de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, señala que «el Senado es el símbolo perfecto de institución ficticia» por lo que considera «lógico que cada día sea más impopular»».

El Movimiento 15-M tiene mucho que ver con el desprestigio o la puesta en duda de muchas instituciones. Varios de sus portavoces han pedido directamente la eliminación de la Cámara, que consideran un apéndice inservible del Congreso.

La legislatura que empieza amenaza con ser aún más soporífera en la Cámara Alta, dada la inmensa mayoría ‘popular’. Sólo la presencia de tres parlamentarios de Amaiur en el Grupo Mixto promete encender algo más los debates, que siempre se volverán a ver eclipsados por los del Congreso.