El mundo no para de moverse, de cambiar. No solo alrededor del Sol sino que también se mueve en diferentes direcciones políticas, económicas, artísticas, culturales, literarias… En este mundo, el derecho internacional emerge como el baluarte esencial que regula las relaciones entre los Estados y otros actores globales. Y es que sus normas y principios, al ser aceptados a nivel mundial, son el guardián de la estabilidad, la cooperación y la equidad en la comunidad internacional.

El impacto del derecho internacional trasciende fronteras y se hace sentir en múltiples aspectos de la vida global. En primer lugar, cumple una función vital en la prevención y resolución de conflictos. Se encarga de establecer reglas claras sobre la soberanía, los límites territoriales y la solución pacífica de disputas. Este marco legal también desempeña un papel fundamental en la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, su relevancia no se limita a la esfera política. El derecho internacional también es un catalizador para la cooperación global en diversas áreas. De hecho, regula no solo lo mencionado anteriormente, sino también tiene normas para, por ejemplo, el comercio internacional, la protección del medio ambiente, los derechos humanos y el derecho humanitario. Gracias al derecho internacional, se promueve la colaboración entre los países en la búsqueda de soluciones conjuntas para los desafíos transnacionales que enfrentamos en la actualidad.

El respeto y la promoción de los derechos humanos a nivel global son otra de las piedras angulares del derecho internacional. A través de tratados internacionales y declaraciones universales, se establecen los estándares mínimos para garantizar la dignidad, la igualdad y la justicia en todas las sociedades. Este entramado legal ofrece mecanismos para abordar las violaciones de los derechos humanos y proteger a los individuos en todo el mundo.

Además, el derecho internacional desempeña un papel crucial en la construcción de un orden mundial equitativo y basado en el respeto mutuo. Todos los estados están sujetos a este sistema normativo, independientemente del tamaño o el poder económico que ostenten. De esta manera, se evita así la imposición unilateral de la voluntad de unos sobre otros. Asimismo, se promueve un entorno de igualdad y respeto, donde cada nación tiene un lugar y una voz en los asuntos internacionales.

No hay nada más internacional que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. En ella, se establece un ideal común para todos los pueblos y naciones, y establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y que ha sido traducido a más de 500 idiomas. 

Gracias al derecho internacional, los estados, países y regiones tienen unas normas claras y específicas sobre cómo debe de ser su relación para que no se quiebren esos derechos humanos universales antes mencionados. 

En caso de no cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, puede haber consecuencias legales y políticas. Aunque el derecho internacional no tiene un sistema judicial centralizado con poderes coercitivos, existen mecanismos y repercusiones que buscan hacer cumplir las normas y principios establecidos.

En primer lugar, las violaciones graves del derecho internacional pueden ser consideradas crímenes internacionales y ser llevadas ante tribunales internacionales ad hoc o permanentes. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los individuos responsables de estas atrocidades pueden ser enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, pueden recibir penas de prisión.

Del mismo modo, los estados pueden tomar medidas legales para hacer valer el derecho internacional. Esto puede implicar la presentación de demandas y reclamaciones ante tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene la facultad de resolver disputas legales entre los Estados. Sus decisiones son vinculantes y los Estados están obligados a cumplirlas.

En el ámbito político, si un estado viola el derecho internacional, puede enfrentar consecuencias como sanciones diplomáticas, aislamiento o pérdida de apoyo político y económico por parte de la comunidad internacional. Estas medidas pueden incluir la imposición de embargos comerciales, restricciones de viaje para funcionarios, congelación de activos financieros y suspensión de la participación en organizaciones internacionales.

Romper este derecho internacional también puede conllevar consecuencias económicas, así los estados en estas situaciones pueden enfrentarse a multas económicas, restricciones comerciales, bloqueo de préstamos internacionales o suspensión de acuerdos comerciales preferenciales. Estas medidas tienen como objetivo ejercer presión económica sobre el Estado infractor para que cumpla con sus obligaciones internacionales.

Ahora bien, hay que recordar que la aplicación del derecho internacional puede ser compleja y depende en gran medida de la voluntad política de los estados y de la cooperación internacional. En algunos casos, la falta de mecanismos de aplicación efectivos puede dificultar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional.

El Grado en Derecho se imparte en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.