En relación a los Proyectos de Ley que ha presentado el Gobierno sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, el 24 de julio ha tenido lugar en Madrid una manifestación para defender el servicio público de la justicia gratuita. Las protestas se alzan contra la merma del servicio, en perjuicio del ciudadano, y la afectación de los Colegios y profesionales que prestan el mismo, por la tramitación del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Las críticas se dirigen contra la financiación del servicio, cuestionándose la efectividad de las tasas judiciales. La propia exposición de motivos del Proyecto de Ley declara que la regulación sustantiva del derecho a la justicia gratuita, se encuentra estrechamente relacionada con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de la que derivan los recursos presupuestarios imprescindibles para el sostenimiento de este modelo, que, de otra forma, no sería posible y que ahora se basa en un sistema mixto de financiación con cargo a los impuestos y a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial.
