El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado el 30 de enero en el Congreso una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y proteger a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de la crisis .

Con estos cambios se pretende mitigar los efectos de la crisis para aquellas familias que no pueden hacer frente a su hipoteca por circunstancias económicas sobrevenidas.

El objetivo es equilibrar la posición de las partes involucradas en un procedimiento de embargo. Con este fin, los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito se limitarán a tres veces el tipo de interés legal del dinero (ahora en el 4%). Esta medida se aplicará a los intereses de demora devengados a partir de la entrada en vigor de la ley y, por tanto, tendrá efectos sobre las hipotecas nuevas y también sobre las actuales que entren en mora.

Se persigue también agilizar los procedimientos, de forma que la carga de intereses como consecuencia de posibles retrasos en los procesos judiciales se vea aligerada para el deudor. Como novedad, se introduce la posibilidad de realizar subastas online.

Por último, se limitará a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización; es decir, que solo podrán ser utilizadas como cobertura para las emisiones de cédulas hipotecarias aquellas cuyo plazo máximo de vencimiento sea inferior a 30 años.

También, impedir que la tasación que se utiliza para la subasta sea inferior al 75% del valor de tasación del inmueble en el momento de la escritura. Por último, se establecerá que hasta que no se hayan producido tres impagos, la entidad de crédito no podrá reclamar las cuotas al deudor (solo un impago en la actualidad).

También se acometerá una regulación específica de determinadas cláusulas especialmente complejas, tales como las denominadas de «suelo», las referentes a hipotecas multidivisas, los «swaps» de intereses y otras que puedan requerir especiales conocimientos financieros por parte de los deudores.

Se exigirá la expresión manuscrita de la aceptación de dichas cláusulas en la escritura de constitución de la hipoteca. Se avanzará, además, en la exigencia de un mayor equilibrio entre las partes en la adopción de las mencionadas cláusulas.


El Gobierno se propone, por otra parte, elevar los umbrales que dan derecho a acogerse a las facilidades para proceder a la reestructuración de una hipoteca sobre vivienda habitual. Las mejoras afectarán a los siguientes aspectos:

  • Aumento de los límites de los préstamos hipotecarios a los que se puede aplicar.
  • Permitir que el deudor pueda proponer un plan de refinanciación a la entidad quien, en caso de rechazo, debería justificar los motivos de denegación.
  • Flexibilizar la posibilidad de carencia y la definición de plan de refinanciación inviable.

Además, y en el caso de la dación en pago, se procederá a reducir del 20% actual al 10% el interés de demora por impago del alquiler.

Por último, se procederá a modificar la Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas, ampliando el número de miembros para dar cabida a otras instituciones.

Fuente: Moncloa