El Consejo de Ministros de 27 de Septiembre de 2012 ya preconizaba el denominador común de lo que iría a acontecer en los meses venideros: la puesta en práctica de la Estrategia Española de Política Económica que implicaría la aprobación de más de cuarenta iniciativas legislativas hasta el mes de marzo del año 2013. Entre otros, ya se encuentran en tramitación parlamentaria, los proyectos de Ley relativos a la Ley de Transparencia o el de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Entre los que aún no han salido a la luz, destaca la posible aprobación del proyecto de Ley de Medidas en el ámbito del ejercicio profesional. A pesar de que el Consejo de Ministros no ha llegado a aprobar el mismo, diversos medios se han hecho eco de la filtración de una presentación sobre el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, por tanto, el contenido de la misma tiene un valor meramente informativo.

Los objetivos del futuro proyecto de Ley de Servicios Profesionales pretenden generar una mayor competencia y una mejora de la competitividad de nuestra economía, impulsando el establecimiento de un marco común a este tipo de servicios. Además, se busca la revisión  de las reservas de actividad- de competencia estatal-. Por otro lado, se persigue la modernización de los colegios profesionales así como la reducción de los supuestos de colegiación obligatoria.

Con respecto a las profesiones jurídicas, las posibles reformas van encaminadas hacia:

– La supresión de la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Se permitiría que los abogados puedan ejercer la profesión de procurador sin necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores, a excepción de los supuestos de actuación ante jueces y tribunales cuya colegiación sería obligatoria para ambas profesiones.

–  La modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, que suprimiría la exigencia del examen de Estado habilitante.

– La inclusión en las listas para el ejercicio de perito judicial de profesionales de colegiación voluntaria.

Aunque el estado inicial en que se encuentra el proyecto Ley de Servicios Profesionales invita a la calma, sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. En este sentido, algunos alegatos en contra del contenido del futuro proyecto de ley abarcan la defensa de la colegiación obligatoria, el mantenimiento de la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y la procura o el rechazo de la supresión del examen obligatorio.

Quizá el “deshielo” traiga consigo la aprobación de este polémico proyecto de ley, aunque, por ahora, sólo resta esperar que las futuras reformas contribuyan en la práctica a la mejora del sector profesional.