<\/p>\n
En palabras del TC en su sentencia 89\/1993 <<el principio de legalidad penal supone una doble garant\u00eda, cifrada, respectivamente, en la exigencia de que la acci\u00f3n punitiva del Estado tenga a la ley -a la ley formal- como presupuesto inexcusable y en la necesaria predeterminaci\u00f3n normativa, junto a ello, de las conductas y penas a trav\u00e9s de una tipificaci\u00f3n precisa dotada de la suficiente concreci\u00f3n de las conductas incorporadas al tipo, imperativos que pueden sintetizarse mediante la f\u00f3rmula lex scripta, praevia y certa<\/em>>>.<\/p>\n Este principio de legalidad es conciliable con la utilizaci\u00f3n legislativa y aplicaci\u00f3n judicial de normas penales abiertas, es decir, <<aquellas en las que la conducta o la consecuencia jur\u00eddico-penal no se encuentra agotadoramente prevista en la Ley penal, debiendo acudirse para su integraci\u00f3n a otra norma distinta, incluso de car\u00e1cter reglamentario, si bien el reenv\u00edo normativo a normas no penales s\u00f3lo proceder\u00e1 si se dan determinados requisitos: \u00abQue el reenv\u00edo normativo sea expreso y est\u00e9 justificado en raz\u00f3n del bien jur\u00eddico protegido por la norma penal; que la Ley, adem\u00e1s de se\u00f1alar la pena, contenga el n\u00facleo esencial de la prohibici\u00f3n y sea satisfecha la exigencia de certeza, o, como se\u00f1ala la STC 122\/1987, se de la suficiente concreci\u00f3n para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la Ley penal se remite y resulte, de esta manera, salvaguardada la funci\u00f3n de garant\u00eda del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuaci\u00f3n penalmente conminada\u00bb (STC 53\/1994 y 82\/2005).<\/p>\n Dicho lo anterior es claro que el art\u00edculo 379.1 de la LO 10\/1995 (CP) es una norma penal en blanco ya que hace un claro reenv\u00edo normativo al establecer que:<\/p>\n <<1. El que condujere un veh\u00edculo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kil\u00f3metros por hora en v\u00eda urbana o en ochenta kil\u00f3metros por hora en v\u00eda interurbana a la permitida reglamentariamente, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa d\u00edas, y, en cualquier caso, con la de privaci\u00f3n del derecho a conducir veh\u00edculos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro a\u00f1os>> .<\/p>\n Los l\u00edmites gen\u00e9ricos de velocidad a los que hace referencia el citado art\u00edculo se establecen en el Reglamento General de Circulaci\u00f3n, aprobado por el Real Decreto 1428\/2003, de 21 de noviembre, que aplica y desarrolla el texto articulado de la Ley sobre Tr\u00e1fico, Circulaci\u00f3n de Veh\u00edculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339\/1990, de 2 de marzo.<\/p>\n El efecto que las modificaciones realizadas con motivo del Real Decreto 303\/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Circulaci\u00f3n y la Orden PRE\/629\/2011, de 2 de marzo, por la que se modifican lo Anexos XI y XII del Reglamento General de Veh\u00edculos en relaci\u00f3n al tipo penal objeto de debate es claro, en el primero, al reducirse en 10 kil\u00f3metros por hora el l\u00edmite gen\u00e9rico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autov\u00edas reglamentariamente permitida se agrava el tipo y, en el segundo, al eliminar el l\u00edmite de velocidad de 80 km por hora en los conductores noveles se despenaliza una conducta, la circulaci\u00f3n de un conductor novel a m\u00e1s de 160 km\/h.<\/p>\n Estas modificaciones no ser\u00edan un problema si el motivo por el cual se articularon fuera para incrementar la seguridad vial, sin embargo, no es el caso. La exposici\u00f3n de motivos del Real Decreto 303\/2011 dice: <<Estos l\u00edmites gen\u00e9ricos se fijan, en funci\u00f3n del tipo de v\u00eda y del veh\u00edculo, atendiendo a las consecuencias que la superaci\u00f3n de los mismos implicar\u00eda en la producci\u00f3n de accidentes de tr\u00e1fico, por una parte, y en el agravamiento de las consecuencias para los lesionados, una vez producido el accidente. No obstante lo anterior, razones diferentes a las relacionadas con la siniestralidad pueden exigir el establecimiento de determinados l\u00edmites de velocidad que permitan conseguir objetivos en otros \u00e1mbitos o \u00e1reas no relacionados con la seguridad vial. Es el caso de la reducci\u00f3n del consumo de energ\u00eda>>. Por su parte la Orden PRE, si bien en su exposici\u00f3n de motivos alude a razones de seguridad para le eliminaci\u00f3n del l\u00edmite de velocidad para los conductores noveles solo lo hace para se\u00f1alar que <<en la actualidad carece de sentido mantener el l\u00edmite de velocidad a 80 kil\u00f3metros por hora para los conductores de veh\u00edculos con un permiso de conducci\u00f3n con menos de un a\u00f1o de antig\u00fcedad>>, en atenci\u00f3n a la mejora de las carreteras y de la calidad de la ense\u00f1anza, pero no hace ninguna menci\u00f3n al efecto que este tipo de conductores puede causar circulando a m\u00e1s de 160 kil\u00f3metros por hora. La propia exposici\u00f3n de motivos hace referencia a la necesidad de un mayor control a este colectivo, como es la reducci\u00f3n de la tasa de alcohol permitida o el tener un menor n\u00famero de puntos en el carn\u00e9.<\/p>\n Por tanto podr\u00eda decirse con motivo del bien jur\u00eddico protegido por la norma penal que ser\u00eda rechazable cualquier precepto del que no pudiera decirse que pena conductas que lesionan o ponen en peligro el bien jur\u00eddico, en este caso la seguridad vial.<\/p>\n Sentado esto, debemos hacernos la siguiente pregunta \u00bfc\u00f3mo afecta la modificaci\u00f3n de la norma a la que se remite una norma penal en blanco cuando esta modificaci\u00f3n no se justifica en la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico que trata de proteger la norma penal?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En palabras del TC en su sentencia 89\/1993 <<el principio de legalidad penal supone una doble garant\u00eda, cifrada, respectivamente, en la exigencia de que la acci\u00f3n punitiva del Estado tenga a la ley -a la ley formal- como presupuesto inexcusable y en la necesaria predeterminaci\u00f3n normativa, junto a ello, de las conductas y penas a […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":752,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,1],"tags":[55,106,142],"yoast_head":"\n