En las \u00faltimas semanas se ha suscitado un fuerte debate sobre la conveniencia de modificar la regulaci\u00f3n del derecho de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n (art. 21 CE), al hilo de unas declaraciones de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en las que cuestionaba la actual regulaci\u00f3n del derecho de reuni\u00f3n y planteaba un cambio de la misma.\u00a0Las declaraciones de la Delegada del Gobierno se sit\u00faan en un contexto de notable aumento del n\u00famero de convocatorias de manifestaciones en ciudades como Madrid, con los subsiguientes problemas que ello puede ocasionar en el quehacer diario de muchos ciudadanos.<\/p>\n
La pregunta que centra este debate no es otra que la de si debe modificarse la regulaci\u00f3n del derecho de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, de suerte que su ejercicio resulte, si es posible, m\u00e1s compatible con el ejercicio de otros derechos fundamentales. Varias pueden ser las respuestas para estos interrogantes. Una de ellas es la que nos ofrece Manuel Ja\u00e9n Vallejo, Magistrado y Profesor Titular, en el\u00a0articulo de peri\u00f3dico que transcribimos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n
Derecho de reuni\u00f3n y de manifestaci\u00f3n p\u00fablica
\npor Manuel Ja\u00e9n Vallejo (Magistrado y Profesor Titular de Universidad)<\/p>\n
Diario Ideal, 14\/10\/2012<\/p>\n
El r\u00e9gimen de la libertad de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n est\u00e1 ya adecuadamente regulado. La Constituci\u00f3n, junto con la Ley Org\u00e1nica 9\/1983, reguladora del derecho de reuni\u00f3n (conocida como \u2018ley de reuniones\u2019), y la jurisprudencia constitucional desarrollada sobre este derecho fundamental, constituye un marco suficiente para su ejercicio, que no necesita de autorizaci\u00f3n previa, salvo que se trate de reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y manifestaciones, en cuyo caso el \u00fanico requisito es el de la comunicaci\u00f3n previa a la autoridad. La explicaci\u00f3n de esta \u00faltima circunstancia es clara.<\/p>\n
Si la reuni\u00f3n tiene lugar en un lugar abierto, como un parque o en una pradera, supuesto en el que el ejercicio del derecho queda desnaturalizado, est\u00e1 claro que ninguna autorizaci\u00f3n ser\u00e1 necesaria, aunque siempre podr\u00e1 entrar en consideraci\u00f3n, en su caso, la legislaci\u00f3n penal, pero si se trata de reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y manifestaciones, la incidencia social es evidente, planteando, por tanto, el problema de una posible colisi\u00f3n de derechos (el de los reunidos o manifestados y el de los afectados), sobre todo cuando se trata de manifestaciones, caracterizadas por producirse un movimiento o desplazamiento de las personas en un lugar de tr\u00e1nsito p\u00fablico, por lo que es exigible la previa comunicaci\u00f3n del acto de la reuni\u00f3n, a fin de que la Administraci\u00f3n pueda adoptar las medidas policiales preventivas necesarias para salvaguardar la seguridad y evitar altercados, facilitando as\u00ed el ejercicio del derecho y evitando posibles actos contra el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Pero la Constituci\u00f3n opt\u00f3 razonablemente por un r\u00e9gimen de previa comunicaci\u00f3n, es decir, no es necesario que se llegue a producir la autorizaci\u00f3n; una vez comunicada la reuni\u00f3n o manifestaci\u00f3n, \u00e9sta podr\u00e1 celebrarse con libertad, salvo los supuestos excepcionales en que aqu\u00e9lla puede ser prohibida cuando existan razones fundadas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, con peligro para personas o bienes. Naturalmente, en estos \u00faltimos casos la desautorizaci\u00f3n administrativa puede ser objeto de recurso en sede de jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica 9\/1983 y en la Ley 62\/1978, de protecci\u00f3n jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. <\/p>\n
Ni el derecho de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, ni ning\u00fan otro derecho o libertad individual tiene car\u00e1cter absoluto, porque siempre ser\u00e1 necesario tutelar los otros derechos o libertades de terceros que puedan resultar afectados. Y, desde luego, el significado de lo que deba entenderse por reuni\u00f3n pac\u00edfica y sin armas, que marca los l\u00edmites del ejercicio del derecho, no es f\u00e1cil, pues constituyen elementos valorativos, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya se ha venido ocupando desde hace tiempo de determinar su alcance. La cuesti\u00f3n, adem\u00e1s, tiene mucha importancia, porque de no cumplirse aquellos l\u00edmites, la reuni\u00f3n o manifestaci\u00f3n ser\u00eda il\u00edcita y podr\u00eda incurrirse en una conducta delictiva, aparte de otros delitos que podr\u00edan cometerse con ocasi\u00f3n de la reuni\u00f3n o manifestaci\u00f3n, tanto por los excesos de los reunidos o manifestantes (delitos contra las Instituciones del Estado, atentados, delitos contra la vida, integridad f\u00edsica, etc.), como por los excesos de los propios polic\u00edas.<\/p>\n
En fin, toda esta materia relativa al ejercicio del derecho de reuni\u00f3n y de manifestaci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1 regulada suficientemente, en sus diferentes proyecciones, y no necesita de ninguna regulaci\u00f3n m\u00e1s, y menos a\u00fan de una pretendida modulaci\u00f3n o limitaci\u00f3n, pues en modo alguno puede quedar afectado el contenido esencial \u00a0del derecho, y no debe olvidarse que estamos en presencia de un derecho fundamental que es expresi\u00f3n de la participaci\u00f3n pol\u00edtica de todos los ciudadanos, lo que le otorga el car\u00e1cter, en palabras del Tribunal Constitucional, de libertad preferente, sin la cual \u2013 lo mismo que ocurre con la libertad de expresi\u00f3n \u2013 no se podr\u00edan ejercer adecuadamente otros derechos y libertades p\u00fablicas, sin olvidar que el malestar que puede provocar es consustancial al ejercicio del derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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