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Puede afirmarse que los art\u00edculos 305.5 CP<\/strong> y 250.1 LGT<\/strong> facultan a la Administraci\u00f3n tributaria a efectuar acuerdo liquidatorio de los hechos tributarios que puedan tener relevancia penal a efectos del delito de defraudaci\u00f3n tributaria, a excepci\u00f3n de aquellos casos ex lege en los que la Administraci\u00f3n estar\u00e1 dispensada de efectuar liquidaci\u00f3n, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 251.1 LGT<\/strong>.<\/p>\n Pues bien, el art\u00edculo 257 LGT hace referencia a los efectos que produce la resoluci\u00f3n judicial en relaci\u00f3n al delito, sobre la liquidaci\u00f3n practicada y sobre la base de los elementos conexos con la infracci\u00f3n penal. En este sentido, se estar\u00e1 a lo que determine el proceso penal en cuanto a la existencia y la cuant\u00eda de la defraudaci\u00f3n. Y es que no s\u00f3lo se deber\u00e1n respetar los hechos probados<\/strong> sino tambi\u00e9n los criterios de calificaci\u00f3n a efectos de liquidaci\u00f3n de la deuda tributaria adoptados en sede penal.<\/p>\n Ser\u00e1 frecuente en la praxis que la cuota defraudada penal sea inferior a la cuota tributaria derivada de un procedimiento de comprobaci\u00f3n, por lo que no en pocas ocasiones la presunta comisi\u00f3n de un delito fiscal<\/strong>, una vez resulta confirmada esta por el juez de lo penal, se apreciar\u00e1 menos gravosa que la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n tributaria grave.<\/p>\n Tambi\u00e9n resulta relevante que el acuerdo relativo a la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n vinculada<\/strong> al delito se traslada al juez o tribunal competente de la jurisdicci\u00f3n penal, al obligado al pago y dem\u00e1s partes personadas en el proceso penal.<\/p>\n Empero, si en el proceso penal no se apreciara la existencia de delito por inexistencia de obligaci\u00f3n tributaria, la liquidaci\u00f3n administrativa ser\u00e1 anulada. El tribunal deber\u00eda ce\u00f1irse a declarar probada o no la obligaci\u00f3n tributaria, pero no deber\u00edan quedar vinculadas aquellas situaciones declaradas no probadas, situaciones en las que aplicando las reglas de aplicaci\u00f3n tributarias, deber\u00eda permitirse la emisi\u00f3n de una nueva liquidaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n. Y es que, tras la absoluci\u00f3n, las liquidaciones, el control de los hechos probados y el expediente vuelve a la Administraci\u00f3n, abri\u00e9ndose, en su caso, las v\u00edas de impugnaci\u00f3n del procedimiento administrativo y del procedimiento contencioso administrativo.<\/p>\n Ahora bien, el precepto no se pronuncia acerca del tratamiento que pudiera recibir la discrepancia del condenado ante la liquidaci\u00f3n efectuada, ante un hipot\u00e9tico inter\u00e9s de \u00e9ste por rectificar la misma. Ciertamente, y conforme al art. 257.2 a) LGT, no se tolera margen de interpretaci\u00f3n alguna. La cuota tributaria contenida en la liquidaci\u00f3n vinculada al delito deber\u00e1 ajustarse a la cuant\u00eda determinada en el proceso penal, denominada cuota defraudada. Sin embargo, la ley no se pronuncia al respecto de la posible rectificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n no vinculada al delito, dejando un vac\u00edo legal que seguramente debiera especificarse en una futura regulaci\u00f3n reglamentaria.<\/p>\n T\u00e9ngase en cuenta, en este sentido, la s\u00edntesis ofrecida por Guti\u00e9rrez Fern\u00e1ndez cuando atisba que el error del sistema radica en que la jurisdicci\u00f3n penal traslada la cuota defraudada a la cantidad que corresponde indemnizar como responsabilidad civil derivada del delito. Ello puede ocasionar la paradoja de que la Agencia Tributaria no vea satisfecha toda la deuda tributaria, calculada esta al aplicar las normas fiscales y, sin embargo, vea resarcido exclusivamente el da\u00f1o generado por el delito fiscal con el cobro de la cuota defraudada determinada en sede penal.<\/p>\n En s\u00edntesis, el procedimiento que se sigue cuando existe una resoluci\u00f3n judicial absolutoria es id\u00e9ntica a aquellos casos en los que se inadmite una denuncia o querella y se devuelve el expediente al \u00f3rgano competente para continuar con la tramitaci\u00f3n del expediente, es decir, se retrotraen las actuaciones, debi\u00e9ndose respetar, obviamente, los hechos declarados probados en sede penal, los cuales no podr\u00e1n ser objeto de impugnaci\u00f3n, a tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 257 c) LGT, teniendo tal declaraci\u00f3n valor de cosa juzgada.<\/p>\n En este sentido, para Ram\u00edrez G\u00f3mez, la resoluci\u00f3n judicial afectar\u00e1 \u201cexclusivamente a los hechos, en su sentido natural, pero no a los hechos en sentido jur\u00eddico (…), que puede ser distinta para un mismo soporte f\u00e1ctico de acuerdo con los criterios propios de cada ordenamiento, el penal o el administrativo\u201d. Al respecto, la STS 192\/2009, de 28 de septiembre, consider\u00f3 que \u201c(…) esto no implica que en todo caso los \u00f3rganos judiciales deban aceptar siempre de forma mec\u00e1nica los hechos declarados por otra jurisdicci\u00f3n, sino que en una distinta apreciaci\u00f3n de los hechos debe ser motivada.<\/p>\n Por ello, cuando un \u00f3rgano judicial vaya a dictar una resoluci\u00f3n que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra resoluci\u00f3n judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicci\u00f3n no existe a su juicio, puntualiz\u00e1ndose que si bien unas mismas pruebas pueden conducir a considerar como probados o no probados los mismos hechos por los Tribunales de Justicia, tambi\u00e9n lo es que, afirmada la existencia de los hechos por los propios Tribunales de Justicia, no es posible separarse de ellos sin acreditar razones ni fundamentos que justifiquen tal apartamiento\u201d.<\/p>\n Es de sobra conocido que las distintas Administraciones, y la tributaria es una de ellas, se encuentran vinculadas a los hechos probados y acreditados en sentencia penal firme, a tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 250.2 y 257.1 LGT. Ahora bien, \u00bfqu\u00e9 sucede con los hechos no probados? Pues bien, si la resoluci\u00f3n judicial no contiene una manifestaci\u00f3n de los hechos probados, o aun no haci\u00e9ndolo, indica que los hechos no se han declarado probados, ello permitir\u00e1 a la Administraci\u00f3n proceder nuevamente a la regularizaci\u00f3n tributaria con arreglo a sus propias reglas de juego. Que no son otras que la aplicaci\u00f3n de las establecidas en la normativa tributaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puede afirmarse que los art\u00edculos 305.5 CP y 250.1 LGT facultan a la Administraci\u00f3n tributaria a efectuar acuerdo liquidatorio de los hechos tributarios que puedan tener relevancia penal a efectos del delito de defraudaci\u00f3n tributaria, a excepci\u00f3n de aquellos casos ex lege en los que la Administraci\u00f3n estar\u00e1 dispensada de efectuar liquidaci\u00f3n, en virtud de […]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":1198,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n