La digitalización agrícola tiene el poder de convertirse en un motor para la inclusión social en América Latina y el Caribe, aunque todavía persisten brechas en la conectividad y en la educación que ralentizan las transformaciones.
La región necesita que los gobiernos impulsen políticas de estado en la materia, coincidieron expertos del sector público y del privado reunidos en un foro virtual convocado por la Fundación World Food Prize y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el marco del Diálogo Internacional Borlaug.
Entre las ventajas que trae la digitalización agrícola se encuentran las posibilidades de mejorar la productividad, ayudar a disminuir el impacto medioambiental, así como propiciar la inclusión social en el área.
Según el director de diálogos internacionales de la Fundación World Food Prize, Kyle Poorman, “Las herramientas digitales son algo esencial, pero, especialmente, lo son para que las áreas rurales puedan mejorar su economía y su educación”.
No obstante, el informe de la agencia de noticias EFE replicado por El Mercurio señala un obstáculo a vencer: unos 77 millones de pobladores rurales todavía no cuentan con estándares mínimos de conectividad.
Además, junto al problema del acceso, resalta el hecho de que existe una brecha en habilidades digitales que condiciona el uso de la tecnología y que precisa de educación.
“Existen obstáculos de diferente índole para que la conectividad avance en las áreas rurales: trabas de los marcos regulatorios, problema de infraestructura, de accesibilidad geográfica y ausencia de información, entre otros. Hay barreras asociadas a los costos de inversión y escasez de estímulos que alienten la inversión en zonas rurales”, señaló la asesora de Conectividad Rural del IICA, Sandra Ziegler.
Como recuerda una nota del propio IICA, la digitalización agrícola “ofrece una oportunidad concreta de avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, saludables e inclusivos, aunque no sin riesgos. El proceso es incipiente aún pero inevitablemente ocurrirá”.
No obstante, corresponde a los Estados un papel importante en garantizar que sea un proceso “sostenido, articulado (entre actores públicos y privados, desde escalas locales a nacionales) y, por sobre todas las cosas, equitativo e inclusivo”.
