Los 24 años de existencia de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) llegaron a su fin esta semana tras hacerse pública la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a un millar de trabajadores del ente. José Císcar, vicepresidente y portavoz del Consell, afirmó el pasado mes de septiembre que, de anularse dicho ERE, no sería viable sostener una televisión pública con casi 1.330 trabajadores. Por lo que este martes, 5 de noviembre, se comunicó la decisión de cerrar la empresa.
Hacia las 19.40 horas, el presentador de informativos Frederic Ferri comunicaba a los telespectadores «la peor noticia» posible sobre «la televisión de todos los valencianos». Curiosamente, el anuncio del cierre de la sociedad se producía el mismo día que Canal NOU anunciaba la vuelta a la pantalla de la serie de éxito ‘L’Alqueria Blanca’, con una reducción del 25 por ciento en el presupuesto. Era la primera vez en nuestro país que, en una serie de ficción, la productora asumía parte de los riesgos al compartir el canon de publicidad y se recurría a financiación privada para paliar la caída de inversión de la cadena.
Apenas ocho horas después de que los trabajadores de la cadena tomaran el control de la programación y pasaran a emitir espacios especiales denunciando la mala gestión, la cadena triplicó su audiencia cerrando la jornada del miércoles con una cuota de pantalla del 9,4%. Ante la amenaza de irse a negro, los periodistas han organizado una parrilla alternativa para dar cobertura a las protestas contra el cierre y las reacciones de la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil.
Como no podía ser de otra manera, las miradas apuntan ahora hacia Telemadrid. En la manifestación que protagonizan cada jueves los ex trabajadores afectados por el ERE, el cierre de Canal NOU ha estado muy presente. Muchas han sido las voces de apoyo de este colectivo hacia los trabajadores de RTVV a la vez que señalaban que ese cierre afectaba poco a su actual situación, al encontrarse ya fuera de la empresa. Al grito de «¡Que no, que no, que no tenemos miedo, que no!», decenas de personas se han manifestado frente a la sede del Gobierno regional junto a las denuncias contra Ignacio González, habituales tras el despido de 861 trabajadores por medio de un ERE declarado improcedente en primera instancia judicial.
No deja de resultar desafiante el hecho de poner en la calle a cerca de 1.700 trabajadores y cerrar un servicio público, por escasos que fueran sus usuarios. La pobre defensa de Alberto Fabra contraponiendo derechos, por ejemplo, «si quieres tener derecho a una escuela, renuncia a tu derecho a tener una televisión pública», ha sido un discurso que roza lo demagógico. Es cierto que la Comunidad Valenciana está intervenida de hecho por el Ministerio de Hacienda; pero no tanto como para que Cristóbal Montoro le diga a Fabra en qué se tiene que gastar el dinero. El presidente es quien tiene la última palabra y decide cuáles son sus prioridades. Ya ha demostrado claramente cuáles son.
