El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La Constitución Española que, en su artículo 14, consagra el derecho fundamental de todas las personas a no ser discriminadas por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”,establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En aras de conseguir la igualdad real, el Gobierno de España ha dado, en estos últimos años, pasos importantes en la remoción de los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud en todos los ámbitos y, en particular, en la lucha por erradicar de nuestra sociedad toda forma de discriminación, mediante la aprobación de leyes específicas dirigidas a equilibrar y ampliar los derechos de ciudadanía, y el compromiso con y por la igualdad en el desarrollo de cada una de las políticas impulsadas por el Gobierno.

Con estos avances, nuestro país ha labrado un camino hasta situarse como referente en el reconocimiento y la extensión de los derechos civiles y sociales en el mundo, consagrados en este ámbito, concretamente en el artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966.

No obstante, y pese a los avances alcanzados, queda recorrido en la lucha por la eliminación de la homofobia y la transfobia, que siguen siendo unas de las formas de odio más extendidas, encontrando incluso reflejo aún en la actualidad, en la legislación penal de numerosos países.

La no discriminación por motivos de orientación o identidad sexual es una prioridad, no sólo de este Gobierno, sino de la Unión Europea, y así se reflejó en la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género, adoptada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008, con el copatrocinio de todos los Estados Miembros de la Unión Europea; así como en la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, el pasado 17 de mayo de 2009 y 2010; y en la adopción durante la Presidencia española de la Unión Europea de un documento operativo que habilita al personal de las sedes de la Unión Europea, de las capitales de los Estados miembros, de sus Delegaciones, Representaciones y Embajadas, dentro del marco de su acción exterior, así como con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, a reaccionar voluntariamente ante casos de violaciones de derechos humanos por motivo de orientación sexual e identidad de género, así como a seguir impulsando acciones para la promoción y protección de los derechos humanos en este ámbito.

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